Lisboa, 16 mar (.).- La administración de la empresa lusa , que opera las líneas fluviales entre las 2 orillas del Tajo en Lisboa, ha dimitido hoy después de que el Tribunal de Cuentas haya denunciado irregularidades en una compra de baterías para 9 barcos eléctricos.
El Ministerio de Ambiente y Acción Climática luso informó este jueves en un comunicado que ha recibido la petición de dimisión de la administración y que la ha aceptado y avanzó que "en breve" anunciará a los sucesores.
El ministro de Ambiente, Duarte Cordeiro, "constituyó un equipo dedicado a apoyar a la empresa en la decisión de garantizar la adquisición de baterías, en una fecha aproximada para la llegada de las embarcaciones" para "permitir la disponibilidad de baterías en los tiempos adecuados, para no impactar la operación de la nueva flota", añade el texto.
En causa está el bloqueo del contrato de compra de nueve conjuntos de baterías por el valor de 15,5 millones de euros por adjudicación directa con la española Astilleros Gondán SA., que se suma a otro contrato ya aprobado por el Tribunal (TdC) en 2021 de 52,4 millones de euros para la adquisición de 10 navíos (solo uno de ellos con batería).
Para el TdC, Transtejo, "con la práctica de un conjunto sucesivo de decisiones que no son solo económicamente irracionales, sino también ilegales", afecta ea "interés financiero del Estado", según el informe, donde alegó que comprar navíos sin baterías es como "comprar un automóvil sin motor, una moto sin ruedas o una bicicleta sin pedales".
Resaltó también que la compañía lusa "tenía perfecto conocimiento de que estaba faltando a la verdad al tribunal cuando dijo que iba a recurrir a un 'concurso autónomo para el suministro de las baterías', induciendo a un error" en la aprobación del contrato inicial para adquirir los barcos.
Dicho acuerdo establecía que sería Astilleros Gondán SA quien ejercería de intermediaria en la compra de las baterías a la internacional Corvus Energy, que sería la suministradora original.
Por ello, el TdC ha decidido remitir la sentencia a la Fiscalía "para los fines que estime convenientes, a saber, para la posible determinación de la responsabilidad financiera penal".