Madrid, 13 sep (.).- El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde, a falta de la votación, el decreto que extiende hasta el 31 de octubre las medidas del llamado "escudo social", entre ellas la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas natural a los colectivos más vulnerables.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se ha estrenado en la tribuna de oradores de la cámara defendiendo este decreto, ha asegurado que las medidas que contiene protegen a más de 1.100.000 personas con dificultades económicas agravadas con la pandemia.
El decreto convalidado también amplía hasta el 31 de octubre las prórrogas automáticas de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda y la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor.
Esto a su vez supone extender hasta el 30 de noviembre de 2021 el plazo durante el que los arrendadores y titulares de vivienda afectados podrán presentar la solicitud de compensación.
El decreto, que incluye también medidas en materia de violencia de género, amplía el concepto de consumidor vulnerable a los desempleados, afectados por ERTE o personas que cumplan determinados requisitos de renta, para que puedan acogerse al bono social eléctrico, del que ya se han beneficiado 1.190.000 personas, según Bolaños.
El ministro ha defendido que esta nueva prórroga del "escudo social" refleja la acción de un gobierno progresista frente a la crisis, a diferencia de lo que ocurrió en la de 2009, en la que "nadie pensó en los más vulnerables", y ha hecho hincapié en que en esta ocasión la recuperación económica será "justa" y "rápida", frente a la recuperación "injusta" y "lenta" que gestionó el Gobierno del PP.
Todos los grupos parlamentarios -a excepción de Vox, que votará abstención- han apoyado la convalidación, aunque la han considerado un "parche" y han advertido al Gobierno de que la vulnerabilidad de esas familias no se acabará el 31 de octubre.
La diputada de Vox Patricia de las Heras, que ha pedido la dimisión de Bolaños, ha confirmado que su grupo volverá a denunciar ante los tribunales la "expropiación de viviendas para entregárselas a delincuentes" que, a su juicio, permite el decreto y ha defendido la "patada en el culo" como medida contra la ocupación ilegal.
Por su parte, el PP ha apoyado esta vez el decreto "por responsabilidad", al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que se ponga a trabajar "porque cuando llegue el 31 de octubre, con el frío y con las subidas escandalosas del precio de la luz, el gasóleo y el gas, el problema va a ser mayor y va a afectar a mucha más gente".
Sara Giménez, de Ciudadanos, se ha mostrado a favor de "ir más allá", con un bono social básico de telecomunicaciones que garantice también el acceso a internet de los más vulnerables, y ha manifestado su desacuerdo con las medidas de vivienda, con el argumento de que permiten la ocupación ilegal.
El PNV, que en prórrogas anteriores se abstuvo, votará en esta ocasión a favor por "razones eminentemente sociales" y ha apoyado también su tramitación como Real Decreto-ley.
También Genis Boadella (PDeCAT) ha pedido su tramitación como proyecto de ley para incorporar enmiendas y ha apoyado las medidas "por responsabilidad", tras cuestionar si realmente funcionan y advertir de que "pueden producir efectos colaterales muy perversos para otros colectivos".
Unidas Podemos ha defendido que las medidas que se prorrogan son "valiosas, pero insuficientes, porque la vulnerabilidad de las familias no acabará el 31 de octubre".