MADRID (Reuters) - El juez que está llevando el caso del almacén subterráneo de gas Castor ha ampliado a 20 el número de investigados, incluyendo a un antiguo alto cargo del ministerio de Medioambiente y a un exdirectivo de la concesionaria de la instalación, una compañía controlada por la constructora ACS (MC:ACS).
El exsubdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental, Ángel Muñoz, y Carlos Barat, exdirector de la concesionaria Escal-UGS, están llamados a declarar ante un juzgado de la localidad castellonense de Vinaròs a finales de mayo, dijo el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en una nota de prensa.
"El juez responde así a la petición del Ministerio Fiscal que solicitó estas nuevas diligencias, y amplía de 18 a 20 el número de investigados en la causa, abierta por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón".
Asimismo, el juez ha pedido a Escal que identifique los operarios que estaban trabajando en la plataforma marina del Castor durante una inyección de gas colchón en el almacén submarino en septiembre de 2013.
Los accionistas de Escal, ACS y la canadiense Dundee Energy (TO:DEN) (propietaria del 33%) renunciaron el verano pasado a la concesión del almacén, meses después de haberse paralizado por su posible vinculación con los centenares de microterremotos que se produjeron en las costas de Castellón y Tarragona tras la inyección del gas.
A finales de 2014, los propietarios de la infraestructura fueron indemnizados con 1.350 millones de euros por el Ministerio de Industria, un quebranto que se pagará con intereses a través de la factura de los consumidores españoles de gas a lo largo de 30 años.
El fiasco del Castor, actualmente "dormido" tras proceder a su hibernación el gestor de la red gasista Enagás (MC:ENAG), ha sido uno de los principales borrones de la gestión energética del ya exministro de Industria, José Manuel Soria.
A finales del mes pasado, todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados salvo el PP, que actualmente gobierna en funciones, acordaron pedir al nuevo gobierno que desmantele completamente las instalaciones y que estudie posibles acciones legales contra Escal.