Lisboa, 29 abr (EFE).- El presidente del Banco Portugués de Inversión (BPI) (LS:BBPI), Fernando Ulrich, negó tajantemente que se plantee la posibilidad de malvender su división en Angola para solucionar el problema que supone a la entidad su exposición al país africano.
"Todavía no me volví loco", aseguró hoy tras ser preguntado sobre la opción de desprenderse a cualquier precio de su negocio en Angola en la rueda de prensa de presentación de los resultados del banco.
Ulrich, por el contrario, planteó como una posible solución que el BPI compre a la inversora angoleña Isabel dos Santos su participación en la entidad, que representa el 18,6 % del capital.
A cambio le ofrecería un porcentaje de su participación en el Banco de Fomento de Angola (BFA), en el que la entidad portuguesa es propietaria del 50,1 % de los títulos.
De esta forma, el BPI reduciría su exposición al país africano como le reclama Bruselas, y Dos Santos aumentaría su poder en el BFA, donde ya es accionista también.
Ésta sería una alternativa a las otros dos vías de las que más se ha hablado en los últimos meses: separar los activos en Angola o por que éstos se consoliden en el CaixaBank (MC:CABK) si la opa lanzada por el grupo español se concluye con éxito.
"Con esta operación habría un aumento de la inversión de Santoro -sociedad propiedad de Dos Santos- en Angola que contribuiría a que, junto con Unitel, controlase el BFA, que parece ser uno de sus objetivos", detalló Ulrich, sobre la tercería vía ahora comentada.
El presidente del BPI consideró que esta posibilidad beneficiaría a todos los accionistas, incluido el mayor, CaixaBank (con el 44,1 % de los títulos), para el que "una operación de este tipo sería relativamente neutra".
El banco portugués atraviesa por un momento delicado debido al enfrentamiento abierto entre la entidad española y la angoleña Dos Santos.
Ambas partes llegaron a un acuerdo para reducir la exposición del BPI a Angola y evitar así la sanción del Banco Central Europeo, pero su pacto quedó "sin efecto" apenas una semana más tarde después de ser firmado.
Como respuesta, CaixaBank decidió lanzar nuevamente una oferta pública de adquisición de acciones (opa) para controlar totalmente la entidad.
Detrás de este conflicto se encuentra también la existencia de un límite a los derechos de voto en el seno del BPI, que en la práctica iguala el poder de la firma catalana y el de la inversora angoleña, pese a que la participación del primero es más del doble que la de Dos Santos.