Madrid, 30 ene (.).- El sindicato CCOO ha anunciado que emprenderá movilizaciones por todo el territorio nacional ante la falta de acuerdo con el Gobierno en la negociación de la nueva ley de función pública, cuyo anteproyecto el Ejecutivo aprobó a fines de 2022, y ha apuntado que no descarta la convocatoria de huelga.
La secretaria general de la federación de Servicios a la ciudadanía del sindicato, Elisa Fernández, ha denunciado en una rueda de prensa este lunes que el anteproyecto de ley "supone un recorte de derecho al personal público", algo que CCOO "no puede avalar".
Fernández ha exigido una ley que modernice "realmente" la Administración General del Estado (AGE) en lugar de repetir el articulado de textos anteriores y ha subrayado que de la nueva ley no solo dependen la condiciones de los empleados públicos, sino la de los derechos y servicios públicos que prestan a la ciudadanía.
La ley "afectará no solo al personal de la AGE, sino que va a incidir directamente en la sociedad, ya que son (los empleados de la Administración) quienes aplican las políticas sociales", ha zanjado Fernández.
Las movilizaciones comenzarán este martes en Madrid, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Función Pública a las 12 horas, y seguirá con actos en febrero en el conjunto de las provincias, para terminar finalmente el 28 de febrero de nuevo en Madrid.
"CCOO no descarta la convocatoria de una huelga en función de lo que ocurra el 28 de febrero, con las negociaciones y con la tramitación de la ley", ha advertido la secretaria general de la federación de Servicios a la ciudadanía de CCOO.
CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN POR DESEMPEÑO
Entre las demandas del sindicato, se encuentra una reforma del sistema de evaluación por desempeño, ahora planteada de manera vertical e individualizada -el responsable de una dependencia evalúa el rendimiento individual de los empleados de dicha dependencia-, mientras que el sindicato aboga por un evaluación "global" y con participación de los representantes de los trabajadores.
CCOO considera que esa evaluación debe suponer la percepción por parte de los empleados públicos de unos complementos de desempeño "idénticos" en todos los grupos, en tanto en cuanto los criterios de la evaluación serán comunes.
Asimismo, el sindicato exige la reconvocatoria de vacantes en las ofertas de empleo, la puesta en marcha de la jubilación parcial, la consolidación de la jornada de 35 horas, la recuperación de la cuantía íntegra de las pagas extraordinarias o un cambio en las retribuciones para que los complementos de productividad tengan mejor relación con el salario base y sean homogéneos entre organismos y grupos.