Avilés, 6 sep (.).- El consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, ha confirmado este lunes a los sindicatos que existen inversores interesados en la planta avilesina de Alu Ibérica, aunque todavía es pronto para desvelar más detalles, ha explicado el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz.
Una representación del comité de empresa ha mantenido una reunión con el consejero de Industria y la directora general del ramo, Rosana Prada, para abordar el actual estado de la fábrica, sin actividad y bajo la intervención de un administrador judicial nombrado por la Audiencia Nacional, que investiga la gestión de la planta.
El consejero ha trasladado a los representantes de los trabajadores que existen inversores para la planta de Avilés pero que no han trascendido los nombres y es pronto para hablar de ellos hasta que no cambie la figura del tipo de administrador.
En este sentido, los sindicatos han pedido que no puede pasar lo de hace dos años y si alguien viene, “tiene que comprobarse la solvencia y a un proyecto que dé prioridad a los puestos de trabajo de la plantilla actual”.
Por otra parte, los sindicalistas han trasladado al Ejecutivo regional la difícil situación que tiene la planta en todos sus aspectos productivos y de liquidez, por lo que han pedido que estudie las posibilidades de poder ayudar a la planta con financiación a fin de retomar la actividad y con ello conseguir flujo de caja, lo que permitiría poder soportar este tránsito de tiempo con mejores condiciones para los trabajadores.
Según Gómez de la Uz, el consejero se ha comprometido, en primer lugar, a estudiar las formas de financiación que pudieran existir siempre que se lo pidiera el administrador judicial y, en segundo lugar, a trabajar en que el inversor que surja sea el mejor posible para la planta de Avilés, teniendo como máxima prioridad “el mantenimiento de la mayor parte de la plantilla actual”.
En 2019, Alcoa (NYSE:AA) vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.
Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusaban a la entidad empresarial de carecer de un proyecto industrial solvente.
El Grupo Industrial Riesgo está siendo investigado por la el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional por su gestión, que obligó al nombramiento de un administrador judicial.
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