Sevilla, 13 sep (.).- Facua ha reclamado al Gobierno que establezca tres categorías de consumidores vulnerables para aplicarles descuentos del 50 %, el 70 % o el 100 % en la factura eléctrica en función de su situación económica.
La propuesta de la asociación representa un cambio de calado en el actual modelo de bono social, que además de "ofrecer descuentos demasiado reducidos impone la percepción de unos ingresos económicos desproporcionadamente bajos, y ello a la vez que, de forma contradictoria, se ofrece a todas las familias numerosas, por muy alto que sea su nivel adquisitivo", según Facua.
En un comunicado esta asociación ha advertido de que los máximos históricos en el precio de la electricidad "hacen más urgente que nunca que el Ejecutivo de coalición acometa la reforma profunda del bono social eléctrico" a la que se comprometió en su acuerdo programático.
Se trataría no sólo de un bono de luz, sino también de gas -tanto natural como propano y butano- y agua, y las bonificaciones seguirían yendo a cargo de las compañías energéticas y, en el caso del agua, de sus suministradoras, con un límite en el consumo anual que en la electricidad oscilaría entre 3.600 y 5.200 kWh.
Para adquirir la condición de consumidores vulnerables, la propuesta de Facua es que sus gastos en suministros domésticos más la hipoteca o el alquiler de la vivienda representen al menos el 35 % de sus ingresos y que estos no superen dos salarios mínimos, que se elevarían hasta tres en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.
Con carácter general, plantea que pueda acceder al bono social cualquier familia que tenga los citados gastos y cuyos ingresos no superen dos veces el Salario Mínimo Interprofesional, que actualmente está en 13.300 euros brutos al año.
Para las familias cuyos ingresos no superen un salario mínimo, Facua pide que sean consideradas en riesgo de exclusión social y el descuento en las facturas de luz, gas y agua represente el 70 % de su importe.
Si los servicios sociales emiten un dictamen que certifique que una familia con ingresos inferiores a los mencionados tiene una situación que le impide hacer frente al pago de los suministros, serán las empresas las que se hagan cargo del 100 % de sus facturas.