Madrid, 15 sep (.).- Los dueños de Petromiralles, José María y Pedro Torrens, declararán este jueves ante la Audiencia Nacional como acusados junto a otra veintena de personas por el presunto fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en gasolineras de Cataluña entre 2011 y 2013, valorado en unos 147 millones de euros.
Así lo ha anunciado la sección Primera de la sala de lo Penal, que ha dedicado al trámite de cuestiones previas la sesión de este miércoles, en la que algunas defensas han planteado, sin éxito, que se modificara el orden de los interrogatorios e, incluso, que se suspendiera la vista al haber una comisión rogatoria pendiente.
Por el contrario, los magistrados sí han admitido que se incorporen una serie de documentos que, pese a haber sido aportados por las partes, aún no figuraban en la causa.
El abogado de los Torrens, como la mayoría de los acusados, ha solicitado al tribunal que dejara declarar a los hermanos en la recta final del juicio con el fin de preservar su derecho a la defensa.
Esta petición se ha producido tras conocer que algunos de los presuntos involucrados en la trama han llegado a un principio de acuerdo de conformidad con la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, la sala, de acuerdo con el criterio del Ministerio Público y de la Abogacía del Estado, la ha rechazado en tanto que los acusados "no tienen la obligación de declararse culpables" y, llegado el caso, podrían hacer uso de su "última palabra" para exponer su versión.
LAS DECLARACIONES, MAÑANA
Al término de la sesión, que ha durado cerca de tres horas, la defensa de los dueños de Petromiralles ha avanzado que José María Torrens responderá mañana también a las preguntas la Fiscalía, cuyo interrogatorio se prevé extenso.
El juicio se ha retomado este miércoles tras ser suspendido a comienzos de la semana para valorar posibles acuerdos de conformidad.
La Fiscalía reclama para los hermanos Torrens 18 años de prisión por tres supuestos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales.
A esa petición se le sumarían otros 18 meses de cárcel para José María Torrens, que en su momento también fue alcalde de Santa María de Miralles (Barcelona), por un delito de tenencia ilícita de armas.
Las pesquisas comenzaron en 2012, con una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Para Fiscalía, al frente de la trama estarían los hermanos Torrens como principales beneficiarios "de un entramado empresarial creado expresamente para lograr la obtención de productos petrolíferos a un precio sensiblemente inferior al de mercado".
Este precio "súper reducido" se habría alcanzado "haciendo responsables de la liquidación del pago de los impuestos (...) a unas empresas instrumentales (Fast Petrol, Servicios Petrolíferos Avanzados y Scout Energy), a cuyo frente "se colocan testaferros" que no abonaban el IVA.
Para hacerse con las ganancias ilícitas, la organización se habría servido de retiradas de dinero en efectivo realizadas por los testaferros con una periodicidad de "2 ó 3 veces por semana", desviando estos fondos a cuentas en Hong Kong y Andorra.
En mayo de 2019, la Audiencia Nacional ya condenó a José María Torrens a 18 meses de prisión por defraudar a Hacienda 5,7 millones de euros en IVA entre 2009 y 2010 a través de la sociedad Hercobús, creada de espaldas a su hermano para multiplicar sus ganancias personales.