Madrid, 13 sep (.).- La Audiencia Nacional ha suspendido hasta este miércoles el juicio a los dueños de Petromiralles, José María y Pedro Torrens, y a otra veintena de personas por el presunto fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en gasolineras de Cataluña entre 2011 y 2013, valorado en unos 147 millones de euros.
La sección Primera de la sala de lo Penal ha accedido a la petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que ahora deberán analizar si es posible llegar a un acuerdo de conformidad con los acusados, después de que esta mañana hayan mantenido "una serie de conversaciones" con las defensas.
La sesión estaba previsto que comenzara este lunes, a las 10:00 horas, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid); sin embargo, no ha sido hasta casi tres horas y media después cuando la sala ha optado por suspenderla.
El juicio se retomará el miércoles, a la misma hora.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama para los hermanos Torrens 18 años de prisión por tres supuestos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales.
A esa petición se le sumarían otros 18 meses de cárcel en el caso de José María Torrens, que en su momento también fue alcalde de Santa María de Miralles (Barcelona), por un delito de tenencia ilícita de armas.
Las pesquisas comenzaron en 2012, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inició una investigación sobre la posible existencia de una organización criminal que estaría cometiendo un importante fraude fiscal a través de empresas pantalla.
En concreto, consistiría en la "falta de liquidación de los impuestos que la actividad de distribución de productos petrolíferos genera, falsificando para ello sus declaraciones tributarias".
La Fiscalía sitúa al frente de la trama a los hermanos Torrens, ayudados por una serie de personas, entre ellas Antonio Rodríguez Estepa y Eloy Vila Moroso, quien gestionaba las sociedades y mantenía relaciones con las empresas y personas implicadas.
José María y Pedro Torrens habrían sido los principales beneficiarios "de un entramado empresarial creado expresamente para lograr la obtención de productos petrolíferos a un precio sensiblemente inferior al de mercado".
Este precio "súper reducido" se habría alcanzado "haciendo responsables de la liquidación del pago de los impuestos que el comercio de estas mercancías genera a unas empresas instrumentales (Fast Petrol, Servicios Petrolíferos Avanzados y Scout Energy), a cuyo frente "se colocan testaferros" que no abonaban el IVA.
Para hacerse con las ganancias ilícitas, la organización se habría servido de retiradas de dinero en efectivo realizadas por los testaferros con una periodicidad de "2 ó 3 veces por semana", desviando estos fondos a cuentas en Hong Kong y Andorra.
En mayo de 2019, la Audiencia Nacional ya condenó a José María Torrens a 18 meses de prisión por defraudar a Hacienda 5,7 millones de euros en IVA entre 2009 y 2010 a través de la sociedad Hercobús, creada de espaldas a su hermano para multiplicar sus ganancias personales.