Por Rodrigo De Miguel
MADRID (Reuters) - La infanta Cristina de Borbón será el primer miembro de la Familia Real española que se sentará en el banquillo de los acusados, después de que un juez considerase el lunes que fue "cooperadora necesaria" en dos delitos contra la Hacienda Pública en el caso de corrupción Nóos.
En un auto que abre juicio oral contra 17 personas, entre ellas el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, el magistrado de Palma de Mallorca José Castro cierra la fase de instrucción, poniendo fin a más de cuatro años de investigación que han minado notablemente la imagen de la Casa Real.
Cristina de Borbón y Grecia, de 49 años, deberá responder de si dispuso y gastó dinero público destinado a Aizoon, una sociedad "pantalla" que poseía al 50 por ciento con su marido, que supuestamente se habría aprovechado de su posición como yerno del rey Juan Carlos I para enriquecerse.
Castro sostiene en el auto conocido hoy que la hermana del rey Felipe VI era cooperadora necesaria en los delitos de Urdangarin, y que sin su consentimiento y su actuación no se habrían cometido.
El juez fijó una fianza de 2,69 millones de euros para Cristina y casi 15 millones de euros para su esposo, dando a los acusados 20 días para que presenten sus escritos de defensa, tras lo cual el caso se remitirá a la Audiencia Provincial de Palma para que celebre juicio, previsiblemente en el segundo semestre de 2015.
La defensa de Cristina anunció el mismo lunes que apelará la decisión ante el juez, aunque los autos de procesamiento no son recurribles.
Los abogados de la infanta consideran que no se trata de un auto de apertura de juicio oral "simple", sino que decide sobre una cuestión jurídica de fondo conocida como "doctrina Botín", una jurisprudencia por la que se han evitado juicios por delito fiscal cuando la imputación sólo estuviera apoyada por la acusación popular, como sucede en este caso.
El sindicato Manos Limpias solicitó la imputación de la infanta, para la que solicita ocho años de prisión, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron el sobreseimiento.
El juez argumentó el lunes que las acusaciones populares "están en el presente caso absolutamente legitimadas para acusar y postular la apertura del juicio oral".
Preguntado por cómo se ha tomado la infanta la decisión del juez, su abogado, Miquel Roca, dijo a periodistas: "Evidentemente mal, porque está tan sorprendida como nosotros y por otra parte especialmente afectada por su condición de perjudicada".
URDANGARIN, EN EL BANQUILLO
Urdangarin y su exsocio Diego Torres tendrán que responder por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el marido de la infanta presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.
En su auto, el juez contempla que para el supuesto de que no prospere la acusación de los dos delitos contra la Hacienda Pública que se le atribuyen, la infanta podría declarar como partícipe a título lucrativo, una figura de responsabilidad civil que implica la devolución de las cuantías supuestamente defraudadas.
La Fiscalía estima que la responsabilidad de Cristina derivaba de su participación "a título lucrativo" en los presuntos delitos cometidos por Urdangarin, por lo que le reclamó algo más de 587.000 euros en concepto conjunto y solidario por la responsabilidad civil de su marido, un pago que ya ha efectuado.
Para Urdangarin, la Fiscalía había solicitado 19 años y medio de prisión por delitos entre los que se encuentran malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude a la administración o delito contra la Hacienda Pública.
Este caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales.
Desde algunos sectores se atribuyó la investigación a Cristina y a su marido como una de las causas de la abdicación de Juan Carlos I este año.
Desde que asumió el trono en junio, Felipe VI ha emprendido medidas de regeneración como la prohibición a los miembros de la Familia Real de trabajar en el sector privado o la eliminación de los gastos de representación a los que tenían derecho sus dos hermanas.
La infanta Cristina, en un intento por alejar a su familia de la presión de los medios, se trasladó con sus cuatro hijos a Ginebra, donde trabaja para la Fundación La Caixa.