MADRID (Reuters) - Un juez de la Audiencia Nacional ordenó el jueves la prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, del Partido Popular, imputado en una trama de corrupción municipal y regional que ha salpicado a varios políticos españoles.
El juez Eloy Velasco acordó también la prisión incondicional para el empresario Alejandro de Pedro Llorca y la prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huerta.
El magistrado considera que Martínez habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que sólo se invitaba a empresas vinculadas a un empresario concreto "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para seguir como presidente de la Diputación leonesa", según un auto del magistrado.
"Martínez tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude", informó la Audiencia Nacional.
Martínez se puso al frente de la Diputación de León después de que la expresidenta Isabel Carrasco fuera asesinada en abril tras recibir varios disparos.
El juez tiene previsto interrogar también el jueves al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, otro de los 51 imputados en la llamada operación Púnica y quien fue número dos de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.
Por otro lado, Velasco ordenó la puesta en libertad de los alcaldes de las localidades madrileñas de Torrejón de Velasco, el 'popular' Gonzalo Cubas, y de Parla, el socialista José María Fraile, tras pagar las fianzas de 60.000 euros que les impuso la víspera.
Antonio Cándido Ruiz, administrador, socio y testaferro del empresario de la construcción David Marjaliza, a quien el juez considera "facilitador" de la adjudicación, también será puesto en libertad tras abonar 25.000 euros de fianza.
En un auto difundido el miércoles por la noche, Velasco dijo que "las indagaciones realizadas han permitido descubrir una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo", dijo Velasco en su auto.
La trama destapada el lunes, que según la Fiscalía Anticorrupción estaba infiltrada en varios ayuntamientos principalmente de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia, firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales en los dos últimos años.
Según la investigación, los ediles y funcionarios municipales actuaban en connivencia con empresarios de la construcción y energéticos a través de intermediarios y sociedades instrumentales.
En algunos casos, las contrataciones públicas concertadas con las empresas investigadas alcanzaron los 100 millones de euros, según el juez.
Entre los detenidos hubo seis alcaldes madrileños, cuatro de ellos del PP, uno del PSOE y otro independiente.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción comenzó después de que en diciembre pasado las autoridades suizas solicitaran una comisión rogatoria por la existencia de varias cuentas en Suiza a nombre de Granados y su mujer y del empresario Marjaliza y su esposa.
Granados, uno de los hombres de confianza de la expresidenta Aguirre, renunció en febrero a su escaño en el parlamento regional tras reconocer que tuvo una cuenta millonaria en Suiza.
El que fuera también secretario general del Partido Popular madrileño y consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011 había acumulado al menos 1,5 millones de euros en un depósito en aquel país, según medios.
En las últimas semanas se ha reavivado el malestar social en España por los numerosos casos de corrupción en el ámbito político y financiero. Tras conocerse el operativo del lunes, los líderes de los principales partidos pidieron acciones contundentes.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió esta semana disculpas a los españoles por los casos recurrentes de corrupción entre la clase política, aunque el jueves el PP rechazó una petición de comparecencia en el Congreso en un pleno monográfico sobre el asunto.