Por Sonya Dowsett
Los arqueólogos cepillan la tierra de los esqueletos que yacen retorcidos en una tumba abierta, algunos con botas de cuero podridas, en un cementerio municipal bordeado de cipreses en Valladolid.
La tumba es una de las más de 2.000 fosas comunes que se estima que existen en todo el país y que datan de la guerra civil (1936-39) y la subsiguiente dictadura del general Francisco Franco. Solo un puñado de ellas han sido desenterradas y documentadas.
Ochenta años después del comienzo del sangriento conflicto, algunas autoridades están apoyando los esfuerzos para recuperar los restos de algunas de los más de 100.000 "desaparecidos" de manera forzada durante aquel período.
En la ciudad de Valladolid, el ayuntamiento ha autorizado y financiado la excavación de tumbas no señalizadas que los arqueólogos creen que albergan los restos de más de 1.000 hombres y mujeres.
Desde abril, los trabajadores han vaciado tres tumbas con 185 cuerpos para enviarlos a un arqueólogo forense y someterlos a un análisis que pueda ayudar a identificar a la víctima. Han empezado a examinar el área con radares para encontrar más fosas comunes sin identificar.
"Es una cuestión de dignidad nacional y de derechos humanos, más que de reabrir las heridas del conflicto", dice el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cuyo consistorio pagó 25.000 euros para contratar a un equipo profesional que trabaja en el lugar.
"No podemos sencillamente mirar hacia otro lado", añadió.
En el cementerio podría haber hasta 10 fosas llenas de cuerpos, dice Julio del Olmo, el arqueólogo que supervisa la excavación. Las víctimas fueron ejecutadas tras ser juzgadas por tribunales irregulares o asesinadas en pequeños grupos y arrojadas a la fosa desde un camión, cuenta.
Los cuerpos están rodeados de una mezcla de tierra y cal que se esparcía sobre los ejecutados para prevenir olores y enfermedades. A pesar de esto, una matanza a una escala tan grande tuvo que haber apestado, señala del Olmo.
Abilio Pérez, un vivaracho octogenario que solía regentar un bar, cuidó durante seis décadas junto con su mujer del área, dejando flores en el Día de los Santos y marcándola con cuatro varas de hierro y cadenas.
Un sacerdote dijo a un familiar que los cuerpos del padre y el hermano de su esposa fueron arrojados en este lugar después de ser ejecutados por las fuerzas franquistas en el otoño de 1936. Durante años, no obstante, las autoridades mantuvieron que allí no había nada.
"La cruz que pusimos la quitaron", relata.
España, al igual que hicieron muchos países latinoamericanos en su transición hacia la democracia, aprobó en 1977 una ley que amnistiaba los crímenes del gobierno de Franco. Las fosas comunes se dejaron intactas.
Sin embargo, hay un interés creciente en las nuevas generaciones en afrontar el pasado del país.
La apertura de las tumbas y el reconocimiento de su existencia simbolizan un cambio positivo por parte de las instituciones españolas, argumenta del Olmo, pero es demasiado tarde para la mayoría de los familiares que recuerdan a los hombres y mujeres ejecutados.
"Es imperdonable que se haga ahora y no antes", afirma mientras se toma un descanso de la preparación de un esqueleto para ser fotografiado.
"Hace solo 25 años las viudas, que fueron las que sufrieron más las pérdidas, estaban vivas. Ahora están todas muertas. Es algo a lo que todos los gobiernos de este país han sido insensibles", asevera.