El Gobierno aprueba su nueva medida en materia de alquileres. Una nueva medida que se basa en la limitación de los precios de los alquileres a la evolución del IPC. Para los analistas, una medida que tendrá efectos negativos en el mercado inmobiliario, que crecía a buen ritmo y continuaba su recuperación.
Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno de España, junto al Ministro de Asuntos Exteriores, anuncian la nueva reforma económica en materia de alquileres en España. La nueva política económica que se ha sacado de la manga el Partido Socialista se basa en la fijación de un tope máximo en los contratos de arrendamientos y, por consecuente, en los precios del alquiler.
Esta nueva medida nace con la única intención de poner fin al incremento, para el Gobierno desorbitado, de los precios de los alquileres en el país. Concretamente en aquellas Comunidades Autónomas donde el precio de los alquileres y los inmuebles se ha disparado en el último año. Esta medida fijaría el tope máximo de los precios, anualmente, con el IPC, pudiendo incrementarse al mismo ritmo que el incremento del IPC.
En los últimos años, el precio del inmueble en España, el mercado inmobiliario español, ha crecido a un muy buen ritmo. Según los últimos informes que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector inmobiliario en España crece a ritmos del 7% y 8%. Sin embargo, se prevé que durante este año, el sector, alcance una maduración, posicionándose en ritmos de entre el 4% y el 6%.
Como podemos observar, el sector inmobiliario está creciendo a muy buen ritmo, apoyado en una economía que, aunque muestre signos de agotamiento y desaceleración, continúa expandiéndose. Según las previsiones, la economía española se espera que, para este año, crezca a niveles superiores que la media de crecimiento europea, por lo que el sector inmobiliario continuará sus alzas.
Debido a estas medidas, ya son muchos los analistas que se han pronunciado y han dicho no estar de acuerdo con las medidas planteadas y ejecutadas por el Gobierno socialista. Desde Blackstone (NYSE:BX), los analistas han advertido de una posible paralización del mercado del alquiler si se aplicase la nueva medida, pues no favorece al mercado del alquiler en España.
Aunque muchas de estas acusaciones, casualmente, vengan de fondos inmobiliarios y bancos de inversión, la medida que plantea el Gobierno es únicamente favorecedora para los inquilinos. Además, de última hora, las bonificaciones fiscales de las que hablaba el Gobierno tampoco serán finalmente aplicables, por lo que la medida no es más que un mero limitador, como ha ocurrido en el sector laboral, para la economía de libre mercado.
Esta manipulación del mercado de los alquileres en España, ante la nueva medida socialista, tendrá un impacto negativo en la oferta de alquileres en España, pues gran parte de la oferta, hasta ahora existente, desaparecerá con esta medida. Para muchos propietarios a los que la medida no les resulte rentable, de la misma forma que lo pusieron, retirarán su vivienda del mercado del alquiler, pudiendo ser sustituido por ofertas de venta.
No debemos olvidar que el inmueble, en España, es una de las principales fuentes de ahorro e inversión para los ciudadanos. Por lo que, ante una actuación precipitada en este mercado tan sensible, la pérdida para millones de españoles podría tener un impacto significativo en la economía. Como hemos dicho, ante esto, la sobrerregulación impuesta por el gobierno es completamente discriminatoria para los ahorradores en el país.
A su vez, esta sobrerregulación en el mercado inmobiliario –el cual, desde los propios fondos, califican como uno de los más regulados e intervenidos- también tendrá un claro impacto en la inversión extranjera. Pues, ante una regulación constante, la inseguridad jurídica que provoca, así como la inseguridad en los pequeños ahorradores y que, a su vez, suponen el 96% del mercado, provoca una paralización del mercado.
Desde el Gobierno, la visión acerca de la nueva medida es completamente distinta. Para el Gobierno socialista, esta medida contribuirá a la reducción en la, supuesta, especulación que se realiza con el inmueble en España desde las empresas y grandes fondos inmobiliarios. Además, el Gobierno plantea crear un índice de referencia en los precios del alquiler, pues de esta forma se podrá controlar los precios, basándose en el índice que plantean tener listo en 8 meses.
Esta nueva medida tendrá efecto y será válida en los nuevos contratos de arrendamiento, pues desde el Gobierno se ha informado que la medida no se implantará con carácter retroactivo. A su vez, también ha pasado la potestad de los precios a las Comunidades Autónomas, pudiendo ser ellas las que, dentro de su marco fiscal, fijen las bonificaciones fiscales para aquellos que se acojan al nuevo índice de referencia.
En resumen, estamos ante una nueva medida bastante polémica y que, de tener un impacto negativo en el mercado, podríamos estar ante un nuevo frenazo económico. El mercado inmobiliario en España no deja de crecer y, aunque no sea así, para el Gobierno socialista, todo aquello que crece bien y con normalidad es sujeto de intervenciones; sin medir, por supuesto, los riesgos que esto conlleva.
Ante esto, ahora toca esperar, pues como sabemos, en abril se celebran las nuevas elecciones y conoceremos el nuevo Gobierno de España. Por lo que, de entrar un nuevo Gobierno, no se sabe si esta medida, al igual que está ocurriendo en Francia y en Alemania, se tumbará, ante las medidas planteadas, como hemos dicho, por el nuevo Gobierno. Más incertidumbre para un país que, de continuar con medidas alocadas, acabará por desacelerarse en mayor medida.