Los presupuestos que plantea el Gobierno socialista son una verdadera barbarie. Un ataque directo a los empresarios y a los generadores de empleo en el país. Unos presupuestos extremadamente abusivos y que allanan el terreno para una nueva recesión.
Últimamente, el tema de los salarios mínimos y el incremento de estos para la mejora de la economía empieza a redundar en aquellas personas que defienden la imposición de un salario más alto por decreto ley. Una imposición que pretende obligar a las empresas a realizar ajustes al alza en sus empleados, sin tener en cuenta muchos otros factores fundamentales.
Por dar un ejemplo, más verídico quizá, el economista Juan Ramón Rallo ya afirmó que la gran mayoría de estudios y ensayos en los que se aplicaba un incremento del Salario Mínimo Interprofesional, sin apariencias significativas en el incremento de la productividad de las empresas españolas, la tasa de desempleo se veía incrementada.
El incremento de costes que, esta subida, supone para el empresario, es completamente insostenible si no se producen, simultáneamente, aspectos tan básicos como el incremento de la productividad, el incremento de la demanda o un sólido crecimiento de la economía. En el caso de España, esta subida, también, viene con una mayor presión fiscal.
Para muchos de estos economistas que basan sus afirmaciones y estudios con casos tan utilizados como el de los Estados Unidos, sepan que Estados Unidos, sólo por el hecho de poseer un 3,9% de desempleo -según los últimos registros de la oficina presupuestaria-, este posee unos parámetros dentro del pleno empleo.
Es decir, para los Estados Unidos, el estar en una situación de pleno empleo, según la oficina presupuestaria del congreso - la cual tasa el pleno empleo en una cifra inferior al 5,2%-,el mercado laboral sufre un fenómeno mediante el que al existir una escasa demanda de empleo y una elevada oferta, los niveles salariales se regulan en base al libre mercado.
Un caso que, como podemos observar, no es para nada comparable con lo que ocurre en España y a su entorno económico. La fijación de los niveles salariales, como he dicho, sin un incremento en los niveles de productividad y competitividad de las empresas españolas, es una política para destruir empleo, en lugar de crearlo. Una completa locura.
A esto se le suma el incremento en la presión fiscal, mediante la que el estado pretende financiar todo ese desmedido gasto público, a la vez de improductivo para el país. Es decir, si al incremento del coste por empleado -debido al incremento de los salarios-, le sumamos un incremento en el impuesto de sociedades, el empresario está obligado a despedir, por el bien de la empresa.
En fin, si tuviésemos que definir la actuación del PSOE en dos palabras, estas serían abusiva y vergonzosa. El Gobierno socialista pretende continuar con una legislatura que, únicamente, está sembrando el caos económico en el país. Además, la enorme batería de impuestos viene con toda la intención de generar unos mayores niveles de ingreso fiscal, dando palos de ciego y, peor aún, sin tener en cuenta los efectos de sus políticas en la economía del país.
En conclusión, estamos ante un Gobierno que, como he dicho, actúa de una forma irresponsable, a la vez de incoherente. La actitud de la ejecutiva socialista es un ataque directo a la renta disponible y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Pero, sin lugar a dudas, lo peor de todo viene cuando todos estos esfuerzos del Gobierno, tienen como fin el incremento de un 39% en la infraestructura pública.