Un tiro en el pie ’MAGA’

Publicado 26.06.2025, 10:02

El proyecto legislativo One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), uno de los pilares del plan económico de la Administración Trump, encierra en sus más de 1.000 páginas modificaciones que podrían tener implicaciones prácticas muy significativas, tanto para inversores extranjeros como para el propio sistema económico y financiero de Estados Unidos.

En términos sencillos, la Sección 899 establece un régimen fiscal punitivo contra individuos, empresas y entidades gubernamentales extranjeras vinculadas a países que, según EE.UU., imponen "impuestos injustos" sobre ciudadanos o empresas estadounidenses. Esto incluye medidas como los impuestos sobre servicios digitales (DST), las reglas de beneficios no gravados (UTPR) del Pilar Dos de la OCDE y los impuestos sobre beneficios desviados (DPT).

Los principales afectados serían inversores individuales no residentes en EE.UU., fondos soberanos, bancos, aseguradoras, compañías multinacionales y fondos de inversión que operan desde países considerados "discriminatorios". Si una persona o empresa reside en un país clasificado bajo esta categoría por el Departamento del Tesoro, automáticamente se le aplicarían incrementos graduales de hasta un 20% sobre las tasas impositivas que ya estén en vigor, incluso si estas provienen de tratados fiscales firmados con EE.UU. Los tratados de doble imposición firmados por los países quedan, por tanto, en entredicho, disparando la inseguridad jurídica en EE.UU. y dando la vuelta como a un calcetín a los flujos de inversión directa y a la planificación fiscal internacional.

Para un inversor individual, por ejemplo, que actualmente recibe dividendos de acciones estadounidenses y está cubierto por un tratado que limita la retención fiscal al 15%, esta tasa podría aumentar progresivamente hasta el 35%. En términos prácticos, si el inversor recibe 10.000 USD anuales en dividendos de empresas estadounidenses, hoy pagaría 1.500 USD en impuestos retenidos en origen. Con la aplicación máxima de la Sección 899, esa retención subiría a 3.500 USD, una pérdida directa de 2.000 USD de rentabilidad anual, sin una posibilidad clara de recuperación a través del tratado de doble imposición. En otras palabras, nuestro inversor individual asume el mismo riesgo, pero recibe una rentabilidad un 24% inferior. Si se tratara de intereses exentos gracias a la "portfolio interest exemption", el impacto sería menor, pero los bancos y aseguradoras no suelen calificar para esta exención y quedarían especialmente expuestos.

Las entidades afectadas aún van más allá. Sería también el caso de una filial en EE.UU. perteneciente a un grupo cuya matriz se encuentre en países considerados "discriminatorios", y podrían enfrentarse también a un incremento significativo de su carga fiscal corporativa, con la introducción de una versión endurecida del impuesto BEAT (conocido como “Super BEAT”). Esto puede hacer que algunas multinacionales reconsideren sus estructuras de inversión y repatriación de beneficios, o incluso replanteen su presencia operativa en EE.UU. La Sección 899 hace, por tanto, menos atractiva la inversión en EE.UU., a pesar de la declaración de intenciones de la Administración Trump de devolver la producción al país.

Desde la perspectiva macroeconómica, el impacto para Estados Unidos podría ser considerable. Si se endurece la fiscalidad sobre entidades extranjeras, existe un riesgo real de fuga de capitales, es decir, una migración de inversiones a otras geografías que no les penalicen. Muchos fondos institucionales globales —incluyendo fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos— podrían optar por reducir su exposición a activos estadounidenses, particularmente a bonos del Tesoro, si sus rendimientos efectivos se ven erosionados por una mayor carga fiscal. Esto tendría dos efectos concretos: por un lado, podría reducir la demanda por deuda pública estadounidense, obligando al Tesoro a pagar mayores rendimientos nominales para atraer capital. Por otro, podría generar mayor volatilidad en los mercados financieros, especialmente si se produce una venta masiva de activos estadounidenses por parte de entidades extranjeras que buscan evitar la penalización fiscal.

Además, la percepción de que la política fiscal de EE.UU. se utiliza como herramienta diplomática punitiva puede generar tensiones internacionales y minar la estabilidad del sistema de tratados fiscales. Algunos países podrían incluso adoptar medidas de represalia, afectando aún más el flujo de inversiones y el comercio bilateral. A largo plazo, esto podría erosionar la posición privilegiada del dólar como moneda de reserva y de la deuda estadounidense como activo refugio.

En conjunto, la Sección 899 no sólo eleva los costes fiscales para inversores extranjeros, sino que introduce una capa de incertidumbre legal y diplomática que podría alterar de forma estructural los patrones de inversión en EE.UU. y poner presión sobre su sistema de financiación pública. El resultado podría ser una mayor presión para mantener unos tipos de interés nominales medios más altos, mayor déficit de capital y un deterioro en la previsibilidad del entorno fiscal estadounidense. Un auténtico tiro en el pie para los objetivos de hacer de nuevo grande a América.

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