“El reto de la educación financiera”, por Javier Alonso, subgobernador

Clausura del seminario “La economía ante el blockchain. Lo que está por venir”, UIMP – APIE (Santander)
Javier Alonso, Subgobernador.

Es un placer estar de nuevo en Santander y tener la oportunidad de clausurar este seminario que, año tras año, organizan exitosamente la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas de Información Económica. Agradezco, como siempre, su amable invitación a formar parte de esta tradicional cita.
El año pasado, el seminario giró en torno a cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria. Este año, se articula en torno a un desarrollo tecnológico en particular, el blockchain. Es patente, por tanto, su interés por las nuevas tecnologías.
Estas son, sin duda, uno de los retos a los que se enfrenta la economía, en general, y el sector bancario, en particular. De este reto he hablado repetidamente en mis intervenciones recientes, en las que he destacado, además, que, en el Banco de España, hemos creado recientemente una Dirección General Adjunta de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado, con el objetivo de reforzar nuestro conocimiento sobre los desafíos a los que se va a enfrentar la provisión de servicios financieros en este contexto de desarrollos tecnológicos, y sobre sus consecuencias para el sistema financiero, en general, y para las entidades bancarias, en particular.
Sin perder de vista el interés de este seminario por el reto de las nuevas tecnologías, hoy querría poner mi foco en otro gran reto que no es exclusivo del sector bancario sino de todos: la educación financiera.
Para ello, permítanme que, primero, resalte, sin ánimo de exhaustividad, algunos de los resultados que se extraen de la Encuesta de Competencias Financieras que el Banco de España y la CNMV presentaron el mes pasado, y después, me refiera a lo importante que es seguir dedicando esfuerzos a la educación financiera, especialmente en el actual contexto de innovación financiera.
La Encuesta de Competencias Financieras
La Encuesta de Competencias Financieras, que está incluida en el Plan Estadístico Nacional, adapta al caso español un cuestionario elaborado en el ámbito de la Red Internacional de Educación Financiera (INFE), coordinada por la OCDE, que tiene como objetivo medir de una manera comparable internacionalmente las competencias financieras de la población de entre 18 y 79 años.
La Encuesta mide dichas competencias desde distintas perspectivas, y obtiene información sobre: (i) los conocimientos financieros; y (ii) el conocimiento, la tenencia, la adquisición y el uso de productos financieros.
Para medir los conocimientos financieros, la Encuesta plantea preguntas referidas a tres conceptos financieros básicos: i) inflación; ii) tipo de interés compuesto; y iii) diversificación de riesgos.
El objetivo es evaluar si la persona entrevistada entiende: (i) que el dinero pierde capacidad de compra cuando suben los precios; (ii) que la evolución de una cantidad ahorrada en una cuenta durante cinco años depende no sólo del tipo de interés anual aplicado a la cantidad ahorrada el primer año, sino también de los intereses acumulados desde entonces; iii) que
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el riesgo de invertir en renta variable disminuye si se adquiere una gama amplia de acciones en vez de un único tipo.
Las respuestas, obtenidas de una muestra amplia de individuos seleccionados al azar, representativa de todo el territorio español y de cada una de sus comunidades autónomas, y proporcionada por el INE, muestran, entre otros, los siguientes resultados: (i) el 58% de entrevistados entiende qué es la inflación; (ii) el 46% entiende el concepto de interés compuesto; (iii) el 49% comprende el concepto de diversificación de riesgos; (iv) el porcentaje de respuestas correctas aumenta con el nivel educativo y el nivel de renta del hogar.
Dado que la Encuesta incorpora preguntas de un proyecto internacional de medición de las competencias financieras, es posible comparar estos resultados con los obtenidos en otros países, en particular, con países de la OCDE y países de la UE que tienen información disponible al respecto. La comparación muestra que el porcentaje de respuestas correctas en España en relación con los conceptos de inflación y diversificación de riesgos está por debajo de la media, particularmente en el caso de la diversificación de riesgos, en el que las medias correspondientes a los países de la OCDE y de la UE se sitúan en el 62% en ambos grupos de países (frente al 49% en España). En relación con el concepto de tipo de interés compuesto, sin embargo, el porcentaje está muy cercano a la media observada en los países de la OCDE (46%) y de la UE (44%). No obstante, esto no debe servir de consuelo, ya que dicha media significa que más de la mitad de los entrevistados no comprende un concepto financiero básico como es el de tipo de interés compuesto.
La necesidad de reforzar la educación financiera de la población queda también patente a través de algunos de los resultados sobre conocimiento, tenencia, adquisición y uso de los productos financieros.
En primer lugar, por lo que respecta al conocimiento de los productos financieros, la Encuesta pregunta al entrevistado si ha oído hablar de lo siguientes productos: (i) cuentas de ahorro, planes de pensiones, fondos de inversión, acciones o renta fija (todos ellos vehículos de ahorro); (ii) seguros de vida o seguros médicos; (iii) medios de pago como las tarjetas de crédito; o (iv) deudas como las hipotecas o los préstamos personales.
Los resultados permiten concluir que existe un menor conocimiento de los productos de ahorro que de los productos de endeudamiento o seguros. Las acciones y los planes de pensiones son bien conocidos (alrededor del 90% ha oído hablar de ellas), pero sólo un 73% de los entrevistados ha oído hablar de las cuentas de ahorro o imposiciones a plazo y sólo un 78% de la renta fija, mientras que el porcentaje de los que han oído hablar de seguros de vida o médicos, de tarjetas de crédito, de hipotecas o de préstamos personales es, en todos los casos, superior o igual al 95%.
En el caso de los vehículos de ahorro, además, se observan diferencias importantes en función del nivel de educación (primaria, secundaria o universitaria) y del nivel de renta que, en general, son menos acusadas en el caso de los productos de endeudamiento o seguros.
En segundo lugar, por lo que respecta a si se tiene o se ha adquirido recientemente alguno de esos productos financieros, cabe destacar que el 97% de los entrevistados tiene una cuenta corriente, el 43% tiene algún vehículo de ahorro y el 41% tiene alguna deuda. El producto de ahorro más frecuente es la cuenta de ahorro, seguido de los planes de
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pensiones. De nuevo se observan diferencias en función del nivel de educación y del nivel de renta, más acusadas en el caso de los vehículos de ahorro que en el caso de los productos de deuda.
De los patrones identificados a nivel internacional en relación con la tenencia de productos financieros cabría destacar que, mientras que, en España, la tenencia de una cuenta corriente está más generalizada que en los países de la OCDE y de la UE, la tenencia de productos de ahorro se situaría ligeramente por debajo de la media de estos países. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que los resultados sobre la comparación de tenencia de productos de ahorro deben tomarse con cautela porque la lista de productos considerados como vehículos de ahorro puede variar entre países.
En relación con la adquisición reciente de productos financieros, la Encuesta muestra que el 38% ha adquirido algún vehículo de ahorro, seguro, medio de pago, o se ha endeudado en los últimos dos años. Este porcentaje es inferior a la media observada en los países de la OCDE (54%) y de la UE (50%). El producto más frecuentemente adquirido en España es la tarjeta de crédito, seguido por los préstamos personales.
En este caso, también se dan diferencias relevantes en la adquisición de productos de ahorro en función del nivel de educación y del nivel de renta, que son menos acusadas en el caso de los productos de deuda. Así, en el caso de los entrevistados con estudios universitarios, un 32% adquiere productos de ahorro, mientras que, en el caso de los que tienen estudios primarios, sólo un 8% los adquiere. Por nivel de renta, un 43% de los que viven en un hogar con una renta superior a los 44.500€ adquiere vehículos de ahorro mientras que sólo un 8% lo hace en los hogares con rentas de hasta 14.500€.
Finalmente, la Encuesta permite también obtener información sobre los usos de productos financieros, en particular, por un lado, sobre si se ha ahorrado en los últimos doce meses y, en caso afirmativo, mediante qué vehículo de ahorro, y por otro lado, si el hogar ha tenido gastos que hayan superado los ingresos en dicho periodo y, en caso afirmativo, cómo se financiaron la última vez que eso ocurrió.
Esta información muestra que, por lo que respecta al ahorro, el 61% de los entrevistados ha estado ahorrando en los últimos doce meses. El porcentaje es creciente en función del nivel educativo y del nivel de renta. Un rasgo que llama la atención es que el segundo método de ahorro más común, por detrás de la cuenta corriente, es el dinero en metálico, incluso en los rangos más altos de educación y de renta. En particular, el 38% de los entrevistados que ahorran lo hace en metálico. Sólo un 14% utiliza una cuenta de ahorro y un 11% un plan de pensiones.
Por lo que respecta al gasto, el 28% de los entrevistados vive en hogares que han tenido gastos por encima de los ingresos en los últimos doce meses, porcentaje que está en línea con la media observada en países de la OCDE y de la UE. El 51% lo financió recurriendo a ahorros, el 35% a través de créditos informales (amigos, empleador, etc.). Como en los casos anteriores, se observan diferencias en función del nivel de educación y del nivel de renta. A medida que aumentan ambos niveles, se reduce el porcentaje de casos en los que los gastos han superado los ingresos y aumenta el porcentaje de casos que financian los mayores gastos con ahorros.
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No cabe duda de que el comportamiento financiero no depende únicamente del conocimiento financiero, sino que viene condicionado también por otras circunstancias, pero, a la luz de algunos de los resultados anteriores, sí creo que es claro que existe margen de mejora en el terreno de la educación financiera en España, y que debemos continuar los esfuerzos destinados a esta labor.
La educación financiera en un contexto de innovación y desarrollos tecnológicos
Otorgar atención prioritaria a la educación financiera es, además, especialmente relevante en el actual contexto de innovación financiera.
Los desarrollos tecnológicos están cambiando la manera en la que los clientes se relacionan con las entidades financieras y la manera en la que contratan productos financieros y ello, aunque viene acompañado de ventajas, también trae consigo riesgos. Una mayor cultura financiera, una mayor toma de conciencia sobre la nueva realidad y un mayor desarrollo de las competencias digitales de la población pueden ayudar a mitigar estos riesgos.
Quiero referirme, en particular, a tres ejemplos de esos riesgos.
En primer lugar, quiero mencionar la cada vez más frecuente divulgación de información relevante, precontractual o contractual, a través de teléfonos inteligentes o tabletas. El tamaño de la pantalla, la aparente amabilidad de las aplicaciones y la inmediatez de la aceptación limitan la capacidad del cliente para saber qué es realmente lo que está consintiendo y obstaculizan determinados aspectos básicos en la contratación de productos financieros tales como la lectura de los términos y condiciones de los contratos o la interacción para resolver preguntas sobre ellos.
Al contratar por la vía digital, el cliente asume una mayor autonomía de información y decisión, y debe asegurarse de que comprende plenamente las potenciales consecuencias de sus elecciones. Adicionalmente, de la misma manera que es consciente, o debe serlo, de la transcendencia del compromiso que adquiere cuando firma un contrato de puño y letra, debe ser consciente del compromiso que adquiere al pinchar en una pantalla táctil allí donde dice “acepto los términos y condiciones del contrato”.
Un segundo ejemplo de riesgos que están presentes en el actual contexto de innovación y desarrollos tecnológicos es la facilidad con la que se puede tener acceso a activos y productos financieros complejos que difícilmente se pueden comprender sin conocimientos financieros básicos. Un caso paradigmático son los conocidos popularmente como criptoactivos, cuyo desarrollo tiene mucho que ver con el foco de este seminario, la tecnología blockchain.
Entre los criptoactivos se encuentran los generalmente conocidos como criptomonedas, pensados para ser utilizados como medio de pago, y los conocidos como tokens (vales) digitales, pensados para obtener financiación y que otorgan a su comprador el derecho a percibir una remuneración, o a ejercitar determinados derechos.
El Bitcoin es un ejemplo de los primeros. Las denominadas ICO (Initial Coin Offerings, por sus siglas en inglés), son una aplicación de los segundos.
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Ambas modalidades han sido objeto de creciente interés, y existen en la actualidad numerosas iniciativas, muy heterogéneas.
Aunque, por el momento, su impacto sobre la estabilidad financiera mundial se considera limitado, presentan una serie de riesgos, en áreas como la protección del consumidor o la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que las autoridades siguen de cerca y en relación con los cuales han emitido advertencias o comunicados. A este respecto, es importante insistir en que se trata de activos con un marcado carácter especulativo, sin respaldo de los supervisores y susceptibles de ser objeto de fraude o de manipulación de precios. No se pueden considerar como dinero ni como depósitos, y no gozan de las protecciones de la normativa de productos bancarios o de inversión.
Resulta preocupante que, en un contexto en el que menos de la mitad de la población entiende el concepto de tipo de interés compuesto, exista tal demanda de activos complejos de estas características.
Por último, quiero hacer referencia al riesgo de autorizar, por desconocimiento o por falta de la atención debida, el acceso a información personal que se preferiría haber mantenido en privado. El debate en torno al uso de la información personal en el ámbito de los servicios de pago se ha intensificado con la nueva directiva conocida como PSD2, que institucionaliza los denominados proveedores de servicio terceros o TPP.
Los TPP engloban a los “proveedores de servicios de iniciación de pago” y a los “proveedores de servicios de información sobre cuentas”. Los primeros ofrecen una alternativa al uso de las tarjetas a la hora de realizar pagos de compras por vía electrónica. Los segundos informan, de manera consolidada, sobre la situación que presentan las distintas cuentas que el cliente tenga con unas y otras entidades, facilitando con ello la planificación financiera.
Los titulares de una cuenta de pago tienen el derecho a autorizar a estos proveedores de servicio terceros a ordenar pagos en su nombre y/o a consultar información asociada a sus cuentas. En este contexto, y con independencia de la utilidad que tienen estos servicios, es importante que el cliente se esfuerce por entender el alcance real de la autorización que concede, que puede implicar el acceso a su cuenta por parte de un tercero casi como si quien estuviera accediendo fuera el propio cliente.
Ante riesgos como los anteriores, potenciados por el desarrollo de las nuevas tecnologías, creo que la educación financiera tiene un papel que jugar.
Puede ayudar, por ejemplo, a concienciar del cambio de realidad que supone la contratación por medios digitales o a aumentar las competencias digitales de la población.
El Plan de Educación Financiera
Conscientes de todo lo anterior, el Banco de España y la CNMV continúan trabajando en su compromiso con la educación financiera a través del Plan de Educación Financiera.
Durante los últimos diez años, y mediante dos planes de actuación, uno para los años 2008-2012 y otro para los años 2013-2017, este Plan ha permitido llevar a cabo actuaciones como: el Programa Escolar de Educación Financiera, que busca mejorar la competencia
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financiera de los escolares; la consolidación de una extensa red de colaboradores, públicos y privados; la instauración de un “Día de la Educación Financiera”, el primer lunes de octubre de cada año; o la página web finanzasparatodos, que contiene material básico sobre finanzas domésticas para saber, por ejemplo, cómo llegar a fin de mes o cómo gestionar la economía en las distintas etapas de la vida.
Precisamente, esta semana se ha hecho público el nuevo plan de actuación, correspondiente a los años 2018-2021. En él se han recogido objetivos adicionales a los anteriores, entre los que destacan la identificación de los segmentos de público objetivo no suficientemente atendidos, la utilización de herramientas digitales para el desarrollo de iniciativas de educación financiera y el refuerzo de la red de colaboradores del Plan, que aportan capilaridad y permiten alcanzar todo tipo de realidades y sensibilidades sociales. Para la consecución de estos objetivos será clave, por supuesto, el análisis y la explotación de los resultados de la Encuesta de Competencias Financieras a la que antes me he referido.
No me cabe duda de que el Plan de Educación Financiera así planteado jugará un importante papel en la atenuación de los riesgos que se derivan de la digitalización en la prestación de servicios financieros.
Muchas gracias por su atención.