MADRID, 12 ago (Reuters) - Una posible nueva conexión de gas entre España y Francia podría estar lista para funcionar en menos de un año, dijo el viernes la ministra española de Energía, Teresa Ribera, si Francia y otros países europeos están de acuerdo con el proyecto.
La Unión Europea está intentando desprenderse a toda prisa del gas natural ruso tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que ha puesto en el punto de mira nuevos proyectos de interconexión. El canciller alemán, Olaf Scholz, abogó el jueves por la construcción de un gasoducto desde Portugal hasta el centro de Europa, pasando por España y Francia.
"Esa interconexión nueva, este gasoducto, puede estar operativo en aproximadamente 8 o 9 meses del lado de la frontera sur, es decir, de los Pirineos hacia España", dijo Ribera en una entrevista con la cadena nacional TVE.
La conexión Francia-España requeriría el tendido de otro tramo de gasoducto para conectar la red española con la francesa.
Scholz dijo que un gasoducto que conectara la Península Ibérica con Europa central "aliviaría enormemente la situación actual del suministro", y añadió que ya había hablado de ello con los dirigentes de España, Portugal, Francia y la Comisión Europea.
El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, dijo que la declaración de Scholz "refuerza la presión sobre las instituciones europeas para desbloquear esta situación de una vez por todas" y sugirió que una alternativa a un enlace a través de Francia sería un gasoducto marítimo desde España a Italia.
España y Portugal llevan mucho tiempo presionando por un nuevo gasoducto, dada su capacidad para recibir cargamentos de gas natural licuado que podrían enviarse al resto de Europa.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que la Unión Europea tiene que pagar las interconexiones.
El director general del operador de la red de gas español Enagás (BME:ENAG), Arturo Gonzalo Aizpiri, dijo recientemente que el proyecto de gasoducto completo entre Francia y España, que se abandonó en 2019 después de que los reguladores lo consideraran inviable desde el punto de vista financiero, podría completarse con un coste de 600 a 700 millones de euros en 2 años y medio.
(Reporte de Christina Thykjaer, edición de Inti Landauro y Ros Russell; traducción de Flora Gómez)