Montevideo, 3 nov (EFE).- El Senado uruguayo debate hoy un proyecto oficialista que pretende flexibilizar el secreto bancario, un año y medio después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) colocara al país en la lista negra de paraísos fiscales.
La iniciativa, que ha sido calificada "grave" y "nada buena" por opositores y algunos ejecutivos bancarios, contempla también gravar con el Impuesto a la Renta a los activos que los uruguayos tienen en el exterior.
El texto llega al Senado gracias a un acuerdo entre la bancada del Gobierno, el oficialista Frente Amplio (izquierda), y un sector del conservador Partido Nacional por el que se llevaron a cabo una serie de modificaciones en el mismo, pero cuenta con el rechazo del resto de los sectores de oposición.
En la última versión de la reforma, el levantamiento del secreto bancario se aplicará sólo por vía judicial para aquellos países que tengan firmados los tratados correspondientes con Uruguay.
Gracias a estos cambios legales, el juez hará lugar a la solicitud para levantar el secreto bancario sólo cuando la administración tributaria haya acreditado la existencia de indicios objetivos de evasión por parte del sujeto pasivo y siempre que la información solicitada sea necesaria para la correcta determinación de adeudos tributarios o tipificación de infracciones.
Dicha información requerida se remitirá en exclusiva al organismo que lo solicite formalmente y nunca se hará pública.
Para casos relativos a uruguayos, sólo podrá pedir el levantamiento el director de la Dirección General Impositiva (DGI) cuando encuentre "indicios objetivos" de que existen irregularidades en el manejo de una cuenta, explicó a Efe el senador del Frente Amplio (FA), Rafael Michelini.
La justicia sólo podrá habilitar la supresión del secreto cuando la DGI tenga razonable presunción de que existe fraude al fisco y siempre que la información solicitada resulte necesaria para la determinación de deudas o tipificar infracciones.
La persistencia del secreto bancario ha sido una de las políticas más cuestionadas en Uruguay durante el pasado año, después de que la OCDE colocara en marzo de 2009 al país en la lista negra de países que incumplen con los estándares de intercambio de información en materia fiscal.
Esta situación provocó que el Gobierno, presidido entonces por Tabaré Vázquez, asegurara su compromiso para seguir las normas de la OCDE de transparencia fiscal y avanzara en acuerdos de intercambio de información tributaria con doce países, entre los que se encuentran España, Portugal y Canadá.
Sin embargo, en el listado no aparece Argentina, país del que proceden más de la mitad de los depósitos de extranjeros en los bancos uruguayos.
El debate en la Cámara Alta uruguaya, compuesta por 30 senadores, comenzó a primeras horas de esta mañana y se prevé que dure hasta el final de esta tarde, después de que terminen las intervenciones de los parlamentarios y se de paso a la votación. EFE
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