Guatemala, 27 jul (EFE).- La Universidad de San Carlos (USAC) de
Guatemala y dirigentes ambientalistas anunciaron hoy una larga
batalla legal para revertir la ampliación del contrato petrolero a
favor de una empresa francesa, autorizado el pasado viernes por el
presidente Álvaro Colom.
Un representante del Instituto de Análisis e Investigación de los
Problemas Nacionales (IPN) de la USAC (estatal), Adrián Zapata, dijo
que están evaluando las acciones legales que van a plantear para que
quede sin efecto la prórroga del contrato por otros 15 años.
Zapata calificó en rueda de prensa de "ilegal" la decisión de
Colom de ampliar el contrato a la empresa Perenco, que extrae crudo
desde hace 25 años en el Parque Nacional Laguna del Tigre, una
reserva natural ubicada en el departamento norteño de Petén.
Anunció que debido a que la USAC a través del Centro de Estudios
Conservacionistas (Cecon) es la administradora del Parque, analiza
las sanciones contra los responsables de la ampliación y las medidas
legales para revertir la prórroga.
Zapata aclaró que la USAC no está en contra de la explotación
petrolera en Guatemala, sino que rechaza que la extracción se
realice en un área protegida de la reserva natural.
El director del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales y
Ambiente (Iarna) de la Universidad Landivar (privada), Juventino
Gálvez, también expresó su rechazo a la decisión del presidente y
dijo que extraer crudo en Laguna del Tigres es "una bomba de
tiempo".
"La actividad petrolera socava cualquier posibilidad de
conservación y es grave mantener una posición (de explotación)
máxime ahora con tanta amenaza natural", advirtió Gálvez en la misma
rueda de prensa.
El dirigente ambiental manifestó que una de las alternativas que
impulsa Iarna es similar a la presentada por un grupo de
parlamentarios alemanes, en el sentido de crear un millonario fondo
de compensación económica a cambio de no continuar con la extracción
de crudo.
La propuesta alemana, dada a conocer el pasado viernes por la
prensa local, consiste en la creación de un millonario fondo de
compensación, que sería financiado por varios países, entre ellos
Alemania, a cambio de renunciar a la extracción de crudo en La
Laguna del Tigre, considerado uno de los principales humedales de
Latinoamérica.
El IPN y Iarna, dijo, se comprometen a elaborar una propuesta
concreta similar a la que se promueve en el Parque Nacional Yasuní
(Ecuador), donde se dejó de explotar petróleo.
La coalición ambiental, integrada por al menos 12 organizaciones,
también expresó hoy su rechazo a la prórroga del contrato por los
daños que provoca a la ecología la extracción de crudo.
El abogado del Centro de Acción Legal Ambiental Social (Calas),
Rafael Maldonado, dijo en otra rueda de prensa que "hoy empieza una
larga batalla legal" para lograr revertir la ampliación del contrato
a la empresa francesa.
Maldonado aseguró que el presidente Colom "dio un golpe de Estado
técnico" al avalar la ampliación del contrato, pese a que la Ley de
Hidrocarburos prohíbe su autorización si se lesionan intereses
nacionales.
El letrado dijo que se preparan las acciones legales en contra
del mandatario y los ministros que avalaron la prórroga por delitos
como abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La coalición ambiental exigió hoy a la Corte de
Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica de Guatemala,
cancelar el contrato por considerar que es "ilegal" y "lesivo" para
los intereses nacionales. EFE