Bruselas, 4 dic (.).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea consideró este miércoles que la Junta Fiscal Europea (JFE) -el órgano que asesora a la Comisión Europea en materia fiscal- tiene una independencia solo "limitada" de esta institución, por lo que llamó al Ejecutivo comunitario a reforzarla.
Así se recoge en la evaluación de los auditores sobre las normas europeas que se fijaron a raíz de la crisis financiera para obligar a los Estados a reforzar sus marcos presupuestarios de modo que garanticen cumplir las normas de disciplina fiscal comunitarias y, entre otras medidas, exigieron crear instituciones financieras independientes.
En el caso de España se puso en marcha la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que vigila si se respetan las reglas presupuestarias nacionales y la solidez de las finanzas públicas, mientras que su equivalente a nivel comunitario -con matices- sería la Junta Fiscal Europea, encargada de analizar de forma independiente cómo aplica la Comisión la legislación comunitaria y hacer recomendaciones.
El Tribunal de Cuentas considera que, pese a que debe ser un órgano independiente, la independencia real de la JFE es "limitada" por su estructura institucional y sus "escasos recursos".
Esto se debe a que la Comisión es la que nombra a su presidente y a cuatro miembros, y puede cambiar las normas por las que se rige la Junta, que además tiene su sede física en la Secretaria General de esta institución.
Añaden los auditores que la JFE no puede gestionar su propio presupuesto, que sale también de los fondos de la Comisión, y que esta puede hacer caso omiso de sus recomendaciones sin dar ninguna explicación.
Pese a ello, el Tribunal señala que en los informes publicados hasta ahora, la JFE "ha sido capaz de emitir opiniones independientes" como atestiguan "la calidad de sus análisis y las opiniones críticas expresadas".
Pero los auditores consideran que "esta independencia depende únicamente de los miembros actuales de la JFE más que de su situación institucional".
En consecuencia, piden a la Comisión que revise el mandato de la Junta y su estructura y proponga cambios -o se justifique si no lo hace-, así como que explique públicamente las razones para no cumplir con las recomendaciones de la Junta cuando decida no seguirlas.
En los informes emitidos en sus dos años de vida, este organismo ha sido crítico con el amplio margen de discreción que usa la Comisión al hacer cumplir las reglas de disciplina presupuestaria y ha pedido una simplificación de las mismas, entre otras recomendaciones.
En cuanto a las normas sobre los marcos presupuestarios nacionales, el Tribunal de Cuentas apunta que el número de leyes nacionales e instituciones fiscales independientes ha aumentado desde que se introdujo la directiva al respecto, en 2011.
Pero subraya que en muchos casos los requisitos se quedan por debajo de los de otras organizaciones internacionales como el FMI o la OCDE.
En el caso de España y de Italia, dos de los ocho países analizados, apunta que la aplicación de la directiva no ha llevado a "mejoras en su desempeño con respecto a los requisitos" del Pacto de Estabilidad y crecimiento, sin que la Comisión haya decidido por ello ejercer su poder de vigilancia para examinar sus marcos nacionales.
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