Por Belén Carreño
MADRID, 26 jun (Reuters) - Las familias de las víctimas españolas de coronavirus de edad avanzada están iniciando cientos de procedimientos para exigir responsabilidad patrimonial y penal por los ancianos que murieron en residencias a menudo sin atención hospitalaria, en un marasmo jurídico que podría tener su impacto en el delicado equilibrio político nacional.
España ha sido uno de los países más afectados por la COVID-19, con más de 28.000 muertes registradas oficialmente y una tasa de mortalidad muy superior a la media, de seis por cada 10.000 personas.
Los hogares para ancianos y discapacitados han sido los más afectados, con unas 19.000 muertes, según un recuento de Reuters basado en datos de las autoridades regionales y los medios de comunicación españoles, algo que ha causado frustración y enfado en las familias por las negativas y los retrasos en la hospitalización de los pacientes, además de por la falta de equipamiento adecuado.
La depuración de responsabilidades entre organismos públicos y privados durante una pandemia es el nudo gordiano que los jueces tendrán que desatar para atribuir la culpabilidad, si la hubiese, de las defunciones.
Sus decisiones podrían acarrear millones de euros en daños y perjuicios, alimentar un debate ético mundial sobre la prioridad de los jóvenes frente a los ancianos e influir en el futuro de la frágil coalición de gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez.
"En sede judicial los documentos probarán lo que llevamos diciendo hace tiempo, que la sanidad nos dio la espalda", dijo Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que representa a las residencias de ancianos.
"Los centros han actuado bien, y han hecho lo que han podido con los medios que han tenido", añadió.
Los documentos vistos por Reuters muestran que cuando los hospitales estaban saturados, las autoridades regionales aplicaron duras restricciones para evitar que llegasen más pacientes de las residencias.
En Cataluña, una de las comunidades más afectadas, los abogados de Cremades y Calvo-Sotelo han presentado una demanda contra el gobierno regional pidiendo 150.000 euros (168.400 dólares) por la muerte de una mujer que, según la familia, recibió cuidados tardíos y negligentes.
El bufete, uno de los pocos en España especializados en demandas colectivas, representa a un grupo de presión que ya incluye a unas 80 familias que buscan una indemnización media de 130.000 euros por las muertes tanto en Cataluña como en Madrid, la otra zona más afectada del país.
Cremades & Calvo-Sotelo dijo que estaba coordinándose con otras 40 firmas de abogados de toda Europa, entre ellas de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, para posibles acciones similares en otras partes.
¿FUERZA MAYOR?
Además, la fiscalía española está investigando unas 430 denuncias, la mitad de ellas penales y la otra mitad civiles, contra las residencias de ancianos.
Otros 60 casos han llegado al Tribunal Supremo alegando responsabilidad política de las administraciones regionales y del gobierno central. Aunque las comunidades autónomas normalmente tienen las competencias en Sanidad, Moncloa tomó el mando durante el estado de emergencia de España en el punto álgido de la crisis del coronavirus.
Reuters ha hablado con decenas de agrupaciones civiles, sindicatos, familias y bufetes de abogados que también planean presentar demandas en las próximas semanas, aunque reconocen que podría ser un proceso lento y complejo, y temen que la defensa alegue una causa de "fuerza mayor" o circunstancias que escapaban al control de las autoridades.
Aunque las residencias argumentan que están a merced de las normativas de las autoridades, el gobierno central y los regionales están peleándose por ver quién tenía responsabilidades específicas.
"Hemos visto una fragilidad preocupante en el cuidado de los mayores ... en este momento se impone un examen de conciencia colectivo", reflexionó Sánchez en un discurso a principios de este mes.
Las iniciativas legales también ponen a las compañías de seguros en el punto de mira ya que se encargan de la defensa legal de muchas residencias.
El sufrimiento en las residencias de ancianos amenaza con dar los peores dolores de cabeza a los gobiernos regionales menos favorables a Sánchez, como el de Madrid, una coalición de centroderecha, o el Govern de Catalunya, una coalición independentista.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular (PP), ha restado importancia a su decisión de no derivar a hospitales a pacientes de las residencias de ancianos. Sin embargo, reconoció que la coalición con Ciudadanos casi se fue por los aires por este tema, lo que le hizo considerar incluso convocar elecciones anticipadas.
Esta mala publicidad del PP en Madrid puede haber sido un factor determinante en la reciente decisión del partido de suavizar su antes dura oposición a Sánchez durante la gestión de la crisis sanitaria.
(Información de Belén Carreño; editado por Andrew Cawthorne; traducido por Jose Elías Rodríguez)