Madrid, 2 jun (.).- La Fiscalía Anticorrupción ha elevado a definitivas sus conclusiones en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el ex director general de Sa Nostra Pere Batle, su adjunto Pablo Dols, y otras tres personas por operaciones inmobiliarias con el Grupo Martín Gual.
Aunque no será hasta el próximo 16 de junio cuando las acusaciones expondrán sus informes finales, todas han elevado a definitivas sus conclusiones, con excepción de la abogada del Estado, que al delito de apropiación indebida añade de forma subsidiaria el de administración desleal.
Durante la vista se ha tratado de aclarar la relación de la caja con el Grupo Martín Gual, por operaciones que causaron un perjuicio económico que oscila entre 48 y 50 millones de euros, detectadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que en 2015 puso cinco expedientes en conocimiento de la justicia.
Según Anticorrupción, los órganos de la caja mostraron desde 2005, y "con incremento de la actividad entre 2008 y 2010", un control "deficiente" en un contexto de "mala situación financiera y sin garantías de la financiación concedida, a precios desproporcionados para el tipo de suelo adquirido y sin valoración externa en la compra de participaciones sociales".
La fiscal remite al informe elaborado por el Banco de España, que evidencia que las operaciones, algunas destinadas a la compra de fincas en Son Morlà, Son Morlanet y Son Bordoy (Palma) se hicieron sin "certeza de la solvencia del deudor" ni seguimiento del riesgo, lo que permitió que las sociedades vinculadas al grupo "no pudieran cumplir con sus compromisos de pago".
De igual modo, destaca la "asimetría de las financiaciones", de las que se habrían desviado 23,8 millones de euros, ya que, de sufrir pérdidas, éstas serían soportadas "prácticamente en su totalidad" por la caja.