Cádiz, 21 sep (.).- El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha dicho que en España se está viendo “una desaceleración en el crecimiento del empleo y de la economía”, y que le “preocupa” que se esté hablando “más de cómo aumentar impuestos que de cómo aumentar el empleo”.
En declaraciones a los periodistas en Cádiz antes de dar una conferencia para analizar las consecuencias de las posibles subidas de impuestos al diésel y la evolución del comercio minorista en la provincia, Amor ha apostillado que “no se pueden poner piedras en el camino” a los autónomos.
“En España ni es el momento ni toca subir impuestos, no digo que los bajen, pero que al menos no los toquen”, ha señalado, insistiendo en que desde ATA están “muy preocupados” con “lo que pueda ocurrir con el impuesto al diésel, porque los precios de la energía y el carburante están subiendo, y si a esto añadimos un incremento de impuestos vamos a vivir una asfixia en los próximos años”.
Asimismo, ha reseñado la incertidumbre que viven “los 400.000 autónomos que tributan en el sistema de módulos, que no saben cómo va a quedar el año que viene ese sistema”.
El presidente de ATA ha reclamado al Gobierno “que cuanto antes despeje qué va a pasar con el sistema de módulos”.
Amor también se ha referido a los falsos autónomos, que son “un fraude de ley, una competencia desleal de las empresas que lo utilizan”.
No obstante, ha defendido que “en España hay 3,2 millones autónomos, que generamos un millón de puestos de trabajo, y hablar de autónomos en España es hablar de los 100.000 falsos autónomos es no reconocer el papel de los autónomos en la sociedad”.
Por eso, ha pedido mejorar los sistemas de inspección de los falsos autónomos, que “no están en los repartidores de comida; están en el periodismo y en la comunicación”.
Además, el presidente de ATA ha reclamado sanciones para las administraciones públicas que no pagan a sus proveedores en el plazo legal establecido de 30 días.
“A cualquier ciudadano se le da un plazo para pagar sus impuestos y, si no lo cumple, se le sanciona. La ley tiene que ser igual para todos, y si un ayuntamiento, una comunidad o la Administración General del Estado no cumple los 30 días de ese plazo, tiene que tener la misma sanción que se le exige a un ciudadano”.
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