Sídney (Australia), 19 jun (.).- Australia anunció este sábado que llevará a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los altos aranceles impuestos por Pekín sobre los vinos australianos, en lo que supone un peldaño más en la creciente tensión comercial y política entre ambos países.
Según indicó la cadena de televisión ABC, el ministro de Comercio australiano, Dan Tehan, afirmó que Australia pretende con esta decisión defender los intereses de su industria vinícola, que ha sufrido "un daño serio" por "las acciones tomadas por el Gobierno de China".
"Nos gustaría poder sentarnos (con el Gobierno de China) y ser capaces de resolver estas disputas. Mientras no estemos en posición de hacerlo, emplearemos cualquier otro mecanismo para tratar de resolver esta y otras disputas que tenemos con el Gobierno chino", afirmó.
Las exportaciones de vino australiano a China se desplomaron un 96 por ciento en el primer trimestre del año después de que el pasado noviembre Pekín incrementara los aranceles de importación un 218 por ciento.
Tehan reconoció que el proceso ante la OMC será difícil y la resolución llegará en un plazo de entre dos y cuatro años.
Se trata de la segunda vez que China lleva a Australia ante la OMC en los últimos meses después de protestar el pasado diciembre por tasas de importación que considera abusivas sobre la cebada.
Las relaciones entre ambos países sufren su peor momento en décadas, con episodios como la suspensión en mayo por parte de Pekín de su mecanismo de Diálogo Económico Estratégico con Australia, país al que acusa de "mantener una mentalidad de Guerra Fría".
Las relaciones también se tensaron después de que Australia impulsara una investigación sobre la covid-19 y tras la decisión de Camberra de excluir en 2018 a la empresa de telecomunicaciones Huawei de su red de 5G.
En los últimos años, la nación oceánica aprobó una serie de leyes para bloquear la supuesta injerencia extranjera en la política y economía del país, sin citar directamente a China, sobre quien recaen sospechas de posibles ataques informáticos contra universidades y entes gubernamentales.