México, 28 abr (EFE).- El Senado mexicano aprobó hoy por unanimidad un paquete de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) que aumenta el monto de las multas y establece incluso penas de cárcel para quien incurra en prácticas monopólicas en México.
La ley, que ya había sido aprobada también por unanimidad en la Cámara de Diputados, "se coloca a la altura de las mejores prácticas internacionales en materia de sanciones e instrumentos de investigación de la autoridad", dijo la Comisión Federal de Competencia (CFC), el órgano antimonopolio del país, en un comunicado en el que celebró la aprobación de la norma.
Las reformas votadas hoy recogen los elementos centrales de una iniciativa del Ejecutivo presentada en abril de 2010 y se concretan después de dos revisiones por ambas Cámaras del Congreso mexicano.
Las multas máximas para la empresa que cometa prácticas monopólicas absolutas y relativas se elevan a 10 y 8 por ciento, respectivamente, de los ingresos anuales totales en México del infractor, sin necesidad de que haya reincidido en esa práctica.
La nueva ley establece, además, "sanciones penales de 3 a 10 años para quien cometa prácticas monopólicas absolutas", señaló la CFC.
Asimismo, ese organismo regulador podrá ahora "realizar visitas de verificación sin previo aviso a las instalaciones de los agentes económicos para recabar información relacionada con sus investigaciones".
La Ley de Competencia también crea las "medidas precautorias", que se podrán instaurar contra una compañía para "evitar un daño irreversible al proceso de competencia durante la investigación de una práctica" monopólica, antes de que la CFC emita una resolución definitiva.
Las reformas aprobadas aumentan las obligaciones de transparencia de la CFC y "profundizan la división de funciones al interior de la autoridad para evitar cualquier conflicto de interés".
Además, permiten la terminación no litigiosa de casos a través de compromisos de los agentes económicos y simplifican de manera muy importante la notificación de concentraciones", detalló la dependencia.
El presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, manifestó que "con las reformas aprobadas, el Ejecutivo y el Congreso envían una clara señal de voluntad política para poner al consumidor mexicano donde debe estar: en el centro de la economía".
También se crea una instancia que revisará las resoluciones judiciales de la CFC, cuyas reglas de funcionamiento aún no han sido establecidas.
A juicio del organismo antimonopolio, las reformas fortalecen "el marco legal para la protección del proceso de competencia y libre concurrencia" en México, lo que "beneficiará a los consumidores".
La CFC impuso el pasado 15 de abril una multa a Telcel -la marca con la que opera en México el gigante de la telefonía celular América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim- por 11.989 millones de pesos (unos 1.016 millones de dólares), la mayor en la historia del país. EFE