Madrid, 4 feb (.).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama retoma desde este martes las declaraciones por la gestión del Banco Popular (MC:POP), causa que conocerá el testimonio, entre otros, del ex consejero Jaime Ruiz Sacristán, primo del magnate mexicano que habría podido promover el cambio del presidente, Antonio del Valle.
Antes, esta misma mañana será el turno del representante de Crédit Mutual, Françoise Martin, al que previsiblemente se le preguntará por los motivos que llevaron a la entidad francesa a salir del Consejo de Administración del Popular aún siendo su accionista de referencia con una participación cercana al 4 %, apenas dos días antes de la resolución.
Según explicó el banco en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la renuncia se produjo tras la venta, una semana antes, de la participación del 48,98 % que el Popular tenía en Targobank a Banque Féderative du Crédit Mutuel.
Sin embargo, dicha transacción no impedía a la francesa continuar en el Consejo, motivo por el que fuentes del mercado empezaron a especular con que Crédit Mutuel había reducido significativamente su participación, contribuyendo, de este modo, al desplome de la acción del Popular hasta mínimos históricos en torno a 0,30 euros por título.
Junto a Martin están citados como investigados hoy el ex director financiero del Popular Javier Moreno y el consejero independiente y vocal de las comisiones de auditoría y de riesgos, Vitalino Nafría.
Ruiz Sacristán, por su parte, declarará finalmente el 6 de febrero, más de dos meses después de que Antonio del Valle reconociera en la Audiencia Nacional que albergaba dudas sobre el equipo directivo de la entidad, durante la presidencia de Ángel Ron, a raíz de un informe del Banco Central Europeo (BCE) que cuestionaba el gobierno corporativo.
Precisamente, la salida de Del Valle -inmerso en aquellos momentos en los rumores de una mala relación con el presidente Ron- como representante del grupo mexicano BX+ en el Consejo de Administración del Popular dejó en manos de su primo el cargo de vocal con carácter dominical en octubre de 2016.
Entre medias, el magistrado prevé tomar declaración este miércoles al ex consejero coordinador Luis Herrando Prat de la Riba, y al consejero independiente Carlos González Fernández.
En octubre de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitía a trámite varias querellas como la de la asociación de consumidores OCU, contra los últimos presidentes de la entidad, Angel Ron y Saracho, y sus respectivos consejos de administración, dando inicio a la apertura de dos piezas separadas.
El auto del magistrado distinguía una primera etapa, con Ron al frente, período en el cual se investigaría la ampliación de capital de 2016 por valor de 2.505 millones de euros.
La segunda se limitaría a los 108 días de presidencia de su sucesor, periodo en el que, según las acusaciones, se habría producido una campaña de desprestigio para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios, lo que podría constituir un delito de manipulación del mercado.