Madrid, 10 feb (.).- El exdirector de inversiones de Banco de Valencia Víctor Beristáin, que también tuvo responsabilidad en el área de riesgos de la entidad, ha admitido en la Audiencia Nacional que muchas operaciones llegaban al comité de Riesgos ya aprobadas por el consejo de administración, y no al revés.
Durante su declaración como testigo en el juicio por la presunta refinanciación continuada de las pólizas y préstamos de la sociedad Libertas 7, que habrían causado al banco un perjuicio de 13,5 millones, Beristáin ha rechazado que la participación del área de riesgos fuese "una pantomima", ya que se analizaban todos los detalles.
Beristáin ha atribuido el hecho de que las operaciones pasaran primero por el consejo de administración y después por el comité de Riesgos "quizás a alguna normativa del Banco de España".
También ha declarado este miércoles el que fuera director del área de inversiones y riesgos Francisco Egea, que ha puntualizado que él no acudía a los consejos de administración y que su proceder se guiaba siempre en función del manual de riesgos de Banco de Valencia.
Egea ha asegurado no recordar gran cosa de los detalles de las operaciones del banco con Libertas, ya que "venía todo hecho por otros departamentos del banco"; de ahí que no estuviera al corriente de "nada relacionado con las tasaciones ni con la carrera de acciones de Libertas".
Sí sabía que entre sus activos había acciones de empresas cotizadas, como Adolfo Domínguez (MC:ADZ), Prisa (MC:PRS) o Cleop, pero poco más, aparte de que formaba parte de los "grandes acreditados del banco, ha añadido.
La sección tercera de la Sala de lo Penal juzga la refinanciación continuada de las pólizas y préstamos que el grupo Libertas 7 tenía suscritos con Banco de Valencia, hechos por los que el ex consejero delegado de la entidad Domingo Parra ha aceptado 1 año y 7 meses de prisión por administración desleal.
La otra acusada es la consejera delegada del grupo Libertas 7 Agnes Noguera -entonces también en el consejo de Banco de Valencia-, para quien el Ministerio Público solicita tres años de prisión por el mismo delito.