Madrid, 24 sep (.).- El ex director general de la extinta caja de ahorros Sa Nostra Pau Dols ha rechazado este martes haberse lucrado personalmente o haber intervenido directamente en las operaciones crediticias de la entidad con la promotora Sotohermoso, que sólo se ejecutaban con el visto bueno del comité de inversiones.
Durante la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Dols y otros antiguos directivos de la caja por apropiación indebida, éste ha negado de forma categórica haberse lucrado personalmente o haber recibido algún tipo de compensación por las operaciones de financiación cerradas por la entidad; y ha asegurado que únicamente recibía su salario.
Dols ha defendido el proceso de concesión de préstamos, que "cualquier miembro del consejo de administración" podía revisar "cuando lo considerara oportuno".
Nunca visó personalmente las operaciones de préstamo, que obligatoriamente debían pasar por el filtro del comité de inversiones, ha precisado; y en relación con la promotora Sotohermoso ha asegurado que ni siquiera conocía o tuvo trato con los responsables de la empresa.
Tras Dols ha declarado el expresidente de Sa Nostra Fernando Alzamora, que ha negado también de forma tajante haberse enriquecido personalmente o haber recibido cantidad alguna, aparte de su salario y las dietas por asistencia al Consejo de Administración.
También ha defendido que los órganos de gobierno de la entidad "jamás" tomaron decisiones que pudieran provocar un perjuicio a la caja.
En el banquillo se sientan, además de Dols, Batle y Alzamora, el que fuera director general de Participadas de Sa Nostra y consejero delegado de Invernostra, Rafael Oliver; y los empresarios Adolfo Sánchez de Movellán y Francisco Morales de Jódar.
Anticorrupción pide 4 años de cárcel para ellos con excepción de Alzamora, al que se le solicitan dos.
También figura como acusado el que fuera consejero Antonio Cantallops, al que le piden dos años de cárcel.
La causa se centra en la relación que, entre 2006 y 2010, mantuvo Sa Nostra con la sociedad inmobiliaria Sotohermoso para la puesta en marcha de proyectos inmobiliarios en la provincia de Huelva.
Según sostiene la Fiscalía, la caja mantuvo una política de créditos a la promotora que carecía de sentido, dada la delicada situación del sector inmobiliario y el hecho de que apenas se iniciaron dos proyectos inmobiliarios.