Madrid, 28 jun (.).- Pimco, Algebris, Anchorage y otros fondos de inversión afectados por la resolución del Banco Popular (BME:POP), con la que perdieron cerca de 850 millones de euros, rechazan que el juez que investiga los dos últimos equipos directivos de la entidad exima al Santander de responsabilidad civil.
El pasado 13 de junio, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se dirigió a las partes para que se pronunciaran sobre la responsabilidad civil del Santander, en respuesta a la solicitud hecha pocos días antes por la entidad para que se excluyera su participación como posible responsable civil en este procedimiento.
El banco que preside Ana Botín hizo la petición poco después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acordara que los accionistas que sufrieron pérdidas por la resolución del Banco Popular no podían reclamar compensación al Santander.
Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, Pimco y otras instituciones de inversión colectiva rechazan esta petición al entender que no le corresponde al juez decidir puesto que la investigación se encuentra aún en fase de instrucción.
Para Pimco y el resto de fondos, el Santander "no ha quedado liberada de los contratos en los que se ha subrogado voluntariamente tras su fusión por absorción de Banco Popular, que le siguen vinculando, pues ni la Directiva de Resolución ni la Sentencia del Tribunal de Justicia contemplan esta liberación".
El Santander "no puede actuar en contra de sus propios actos", añade el escrito, pues ha admitido y aceptado en varias ocasiones su condición de responsable civil subsidiario en este procedimiento, e incluso ha admitido que "nadie niega que, con la fusión por absorción, Banco Santander (BME:SAN) ha sucedido a título universal a Banco Popular en sus derechos y obligaciones".
La conducta del Banco Santander, destaca el escrito, "no es conforme a la buena fe ni a la doctrina que prohíbe actuar en contra de los propios actos".
No es posible que "sostenga ahora que no es responsable civil, cuando ha pedido expresamente asumir tal condición y se ha aprovechado de ella durante años, sin que nunca sostuviera que la normativa sobre resolución bancaria, en vigor desde el año 2014, excluyera su posible responsabilidad civil subsidiaria en esta causa penal".
La resolución del Popular, ordenada en 2017 por las autoridades europeas por los problemas que arrastraba, se saldó con la amortización a cero de todas sus acciones y su venta al Santander por un simbólico euro, provocando una avalancha de demandas judiciales por parte de quienes perdieron su inversión.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
Asimismo, el juzgado central de instrucción nº 1 investiga ya la ampliación de capital de 2012, tras ser admitida una querella de Durán & Durán Abogados por presunta estafa a inversores.