Madrid, 6 jul (.).- La Audiencia Nacional ha acordado seguir investigando al magnate ruso Mikhail Fridman, máximo accionista de DIA (MC:DIDA), por la quiebra del grupo tecnológico Zed, con lo que revoca un primer sobreseimiento provisional decretado por el juez Manuel García Castellón el pasado diciembre.
El pasado 25 de febrero el juez acordó el sobreseimiento provisional de la investigación a Mikhail Fridman por la quiebra de Zed, ratificando la decisión adoptada en diciembre al no encontrar pruebas de su supuesta "asfixia" a la compañía.
Pero en un auto fechado ayer, la sección cuarta de la sala de lo penal concluye que "no resulta descartable" que en la posible despatrimonialización e insolvencia de Zed haya participado Fridman, "en su indiciaria condición de persona, situada formalmente en un segundo plano, pero con evidentes poderes de decisión".
La Sala ve plausible que Fridman, mediante una "ilícita operativa contraria a las reglas del libre mercado", y con "opacidad defraudatoria", interviniera en "la ruina económica" de Zed, ya que la fase de instrucción "no está agotada".
No puede por tanto "precipitadamente descartarse la relevante intervención de Mikhail Fridman" en la insolvencia de Zed, pues "determinada documentación y varias declaraciones" le sitúan en la toma de decisiones estratégicas empresariales adoptadas en aras de aquella insolvencia".
La Sala entiende que de la conducta de Fridman puede desprenderse conductas que se corresponden con los delitos de pertenencia a organización criminal, administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible y corrupción en los negocios.
Lo que sí rechaza la Sala es la pretensión de Isabel Pérez Dolset, hermana del fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, de vincular esta operación con el caso Tándem, abierto en la Audiencia Nacional y que investiga al excomisario José Manuel Villarejo por presuntos delitos de blanqueo y organización criminal.
El caso se remonta a 2016, cuando Javier Pérez Dolset presentó ante la Fiscalía una denuncia por una serie de actuaciones personales y societarias de sus socios, entre los que figuraban empresas vinculadas y controladas por Fridman, que podrían constituir una absorción ilegal de empresas.
Apenas un año más tarde, en 2017, la Audiencia Nacional abría una causa contra el propio Pérez Dolset y otras diecinueve personas, por un presunto delito de fraude de subvenciones en la compañía, que habría ocasionado un perjuicio de más de 100 millones de euros.