Madrid, 16 jun (.).- La Seguridad Social habrá dedicado desde que estalló la pandemia y hasta el 30 de septiembre 21.000 millones de euros en medidas de protección a empresas y trabajadores, según ha explicado este miércoles el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo.
Durante su intervención ante la Comisión de Trabajo en el Senado, Arroyo ha señalado que este importe no incluye las prestaciones que perciben los empleados en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que las abona el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), ni los aplazamientos o moratorias.
No obstante, ha recordado que el gasto derivado de las prestaciones a trabajadores en ERTE alcanzó los 13.000 millones de euros hasta mayo, cifra que ascenderá a "15.000 o 16.000 millones probablemente hasta septiembre".
Del gasto derivado exclusivamente de la Seguridad Social, 7.814 millones derivan de exoneraciones en las cotizaciones sociales de los trabajadores y 2.869 de autónomos, más 7.838 millones en prestaciones para autónomos y 2.443 millones en prestaciones por incapacidad temporal vinculada a la COVID.
Arroyo ha valorado el mecanismo de los ERTE porque ha permitido contener la destrucción de empleo, evitando que se diera una "istéresis" en el mercado laboral, es decir, que el daño se prolongara más allá de lo estrictamente imprescindible.
Así, ha recordado que recientemente España ha superado el nivel de empleo previo a la crisis de la covid-19, aunque "nos falta por recuperar el crecimiento que no hemos hecho en este año y medio, lo que habría crecido el empleo sin pandemia".
EL IMV BENEFICIA A 730.000 PERSONAS
El secretario de Estado ha explicado que el ingreso mínimo vital (IMV) llega ya a 300.000 hogares, con 730.000 beneficiarios, de los que el 40 % son menores.
"Ya tenemos más beneficiarios que los que todas las CCAA tenían en 2019", ha dejado claro Arroyo, tras haber recibido 1,35 millones de solicitudes en un año y ha tramitado 1,2 millones.
REFORMA DE PENSIONES EN "UN ESTADO AVANZADO"
En materia de pensiones, Arroyo ha asegurado que la normativa para poner en marcha un primer paquete de medidas para reformar el sistema está en "un estado avanzado" y que incluirá el mantenimiento del poder adquisitivo, la culminación de la separación de fuentes, el retraso de la edad real de jubilación y la reforma del régimen de autónomos.
"El punto de partida con la UE ha sido complicado", ha dicho Arroyo, ya que han tenido que realizar "una labor intensa de pedagogía" para explicar por qué derogar la reforma de 2013 no conllevaría un incremento del gasto del 5 %, como se trasladó a Bruselas en 2018, sino del 3,5 %.
Con la nueva normativa que ultima el Gobierno se asegurará el mantenimiento del poder adquisitivo, actualizando cada año las pensiones con el IPC del año anterior, de forma que "se prima la sencillez" y la transparencia, ya que los jubilados sabrán de antemano cuánto subirán sus prestaciones.
También se avanza en la reforma del régimen de trabajadores autónomos (RETA), ha asegurado, que se trata de algo "de lo que se lleva hablando mucho tiempo, pero esta vez lo vamos a llevar a cabo, está muy avanzado, hablado con autónomos, sindicatos y patronal".
Respecto al retraso de la edad real de jubilación, "tenemos que conseguir que todo aquel que esté dispuesto y en condiciones de seguir trabajando pueda hacerlo, que no haya disposiciones institucionales que lo dificulte", ha señalado.