Bruselas, 20 oct (.).- Los equipos negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo (PE) mostraron este martes cierto optimismo tras una nueva reunión sobre el futuro mecanismo para vincular el respeto al Estado de derecho al reparto de fondos en la UE, uno de los asuntos más espinosos en estas conversaciones.
La presidencia alemana del Consejo -que representa a todos los países de la Unión Europea- y el Parlamento Europeo (PE) celebraron su segunda reunión sobre este mecanismo, esencial para poder dar luz verde al presupuesto europeo 2021-2027 y al Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros, sobre el que los países y los eurodiputados han expresado posturas alejadas.
El portavoz de la presidencia alemana, Sebastian Fischer, escribió en su cuenta de Twitter que la reunión había sido "productiva" y que se habían "hecho algunos progresos y las diferencias se han estrechado".
"Aún queda trabajo por hacer hasta que haya un compromiso a nuestro alcance. El ánimo es de optimismo cauto", indicó el portavoz.
Petri Sarvamaa, uno de los ponentes parlamentarios sobre este mecanismo, subrayó que las negociaciones están "profundizando en las partes cruciales de la legislación" y que hay "buena voluntad", aunque reconoció igualmente que queda trabajo hasta que se acuerde "un mecanismo funcional en el interés de los contribuyentes europeos".
La propuesta de la presidencia alemana prevé que se puedan sancionar con la suspensión o reducción de fondos europeos las violaciones de los principios del Estado de derecho que afecten de un modo suficientemente directo a la buena gestión del presupuesto de la UE o los intereses financieros de la misma.
La sanción sería propuesta por la Comisión Europea y tendría que ser aprobada por una mayoría cualificada de Estados miembros (15 países que representen al 65 % de la población), tras haber dado al país afectado la oportunidad de pronunciarse.
El Parlamento Europeo defiende un mecanismo más estricto, en el que haga falta esta mayoría cualificada para rechazar la propuesta de la Comisión, similar a la proposición inicial de la Comisión Europea en 2018 y que haría más complicado el veto por parte del país afectado.
Casi ocho de cada diez europeos quieren que los fondos de la Unión Europea estén condicionados al respeto de los Gobiernos nacionales por el Estado de derecho y los valores democráticos, según una encuesta divulgada este martes por la Eurocámara.
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