Barcelona, 27 jul (.).- La compañía de autobuses Tusgsal recurrirá la sanción de 2,5 millones de euros que le ha impuesto la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y ha advertido de que la prohibición de no poder optar a contratos con el Área Metropolitana de Barcelona durante dos años "amenaza gravemente" su viabilidad.
Tusgsal tilda la decisión de este organismo de "desproporcionada e injusta", y avanza que emprenderá "todas las medidas necesarias para minimizar su impacto", como solicitar medidas cautelares para evitar que se haga efectiva.
En un comunicado, Tusgsal ha reaccionado así a la decisión de Competencia de sancionar con un total de 3,6 millones a las empresas Transports Ciutat Comtal (TCC) y Transportes Urbanos y Servicios Generales (Tusgsal) y a un directivo de la primera compañía por "un pacto de no competencia" en las licitaciones del Aerobús.
"La conducta colusoria ha consistido en acordar un pacto de no competencia entre las empresas en las licitaciones del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para la concesión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros", ha informado ACCO en un comunicado.
Según Competencia, en 2009 TCC y Tusgsal pactaron que cuando se extinguiera el contrato de la concesión del servicio de Aerobús, en ese momento en manos de Tusgsal, estas dos empresas "concurrirían a la siguiente licitación mediante la empresa Serveis Generals de Mobilitat i Transport, SL (SGMT) o cualquier otro vehículo jurídico de participación conjunta entre ambas empresas por iguales mitades".
Por ello, la ACCO ha impuesto una sanción de 1,04 millones a TCC, otra de 2,5 millones a Tusgsal y una tercera de 39.000 euros a Miquel Martí Escursell, directivo de TCC, por "su participación en la conducta infractora", y además la autoridad de la competencia catalana prohíbe que Tusgsal y TCC sean contratadas por el AMB para prestar el servicio de transporte de viajeros por carretera durante dos años.
A juicio de Tusgsal esta última prohibición "podría afectar al 75 %" de su facturación", y asegura que "de esta empresa de economía social dependen 1.000 familias".
Por otra parte, la compañía precisa que los hechos sancionados se remontan a 2009 y que ningún miembro del actual consejo de administración de Tusgsal o de su dirección general dirigían entonces la compañía.
De hecho, asegura que el actual presidente de la compañía era por entonces "trabajador". "Ni siquiera era socio", añade.
La compañía de autobuses cree que la prohibición de optar a contratos con el AMB durante dos años es "una medida excesiva en atención a la conducta investigada y pone en grave peligro el futuro de la empresa".