MADRID (Reuters) - La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos en Andalucía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJA) que estudie la posible implicación de cuatro exconsejeros andaluces que están actualmente aforados, según se desprende de una nota del TSJA emitida el miércoles.
La juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, no puede imputar directamente a los aforados, según la ley española, por lo que ha elevado una exposición razonada a otro tribunal superior -en este caso el TSJA- que deberá decidir ahora a través de la Sala Civil y Penal si los imputa o no en una causa y si se queda parte de la investigación.
En su nota, el TSJA dijo que había emitido una providencia para informar "de la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a las cuatro personas aforadas señaladas en la misma: Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio".
Los cuatro exconsejeros mencionados han ocupado diferentes cargos en gobiernos andaluces en la década de 2000 y son actualmente diputados en el Parlamento andaluz, por lo que están aforados y sólo pueden ser juzgados en este caso por el TSJA.
El caso suma unos 200 imputados, entre ellos una veintena de dirigentes y exdirigentes públicos de la Junta de Andalucía, así como la exministra socialista Magdalena Álvarez, por un fraude con subvenciones públicas que se habría producido desde el año 2000.
El fraude investigado, uno de los mayores casos de corrupción desvelados en España en los últimos años, se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y se estima que la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE asciende a 136 millones de euros.
El Tribunal Supremo abrió el año pasado una causa contra los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente diputado y senador de las Cortes Españolas, por el mismo caso, tras una solicitud similar de la juez.
Griñán dimitió de su cargo de presidente andaluz en agosto de 2013, dejando el puesto en manos de Susana Díaz. El expresidente admitió que el caso perjudicó al gobierno regional socialista, que ha liderado Andalucía desde hace más de tres décadas, e influyó en su decisión de abandonar el cargo solo año y medio después del inicio de la legislatura.