Madrid, 24 sep (.).- UGT ha reclamado hoy la "homologación inmediata" de las retribuciones del personal laboral y funcionario, lo que requeriría alrededor de 60 millones de euros para compensar a 46.000 trabajadores.
El secretario federal del sector de Administración General del Estado de UGT, Carlos Álvarez, ha considerado en un encuentro con medios que este es el primer objetivo del sindicato, que espera lograr "a corto plazo", en lo que queda de año, después de que el Gobierno haya mostrado su "disposición" al respecto.
Un informe de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT publicado hoy revela que, por ejemplo, la categoría más alta del personal funcionario (A1) cobra una retribución media de 56.890,94 euros, mientras que la del personal laboral (G1) es de 31.360,21 euros.
"Aunque los requisitos para el acceso sean idénticos tiene una diferencia" salarial que "no tiene fundamento".
También existen diferencias entre los ministerios, lo que se refleja en la movilidad entre ellos. Como ejemplo, Álvarez ha reseñado que en los últimos años el Ministerio de Defensa siempre "es la administración que más personal pierde. Los trabajadores salen huyendo".
Por otra parte, "tradicionalmente, la Administración General del Estado ha sido la administración peor remunerada" cuando se compara tanto con las administraciones autonómicas como con las locales, ha admitido Álvarez.
Por ejemplo, el complemento específico en el cuerpo de gestión del Ministerio de Justicia se sitúa en una media de 558,67 euros mensuales, con grandes diferencias entre el ministerio (410,89 euros) y el País Vasco (987,46 euros, incluida la productividad).
La media de los tres cuerpos generales de justicia entre todas las administraciones es de unos 510 euros mensuales, aunque en los ministerios es 125 euros inferior.
Esto ocurre, ha explicado Álvarez, porque a medida que se han transferido los efectivos a las comunidades autónomas estas han intentado homologar sus retribuciones a las del personal que ya tenían, lo que deriva en importantes diferencias a pesar de realizar "idénticas funciones".
En el caso de las instituciones penitenciarias, las competencias permanecen en la administración central salvo en Cataluña, pero existen grandes diferencias entre los centros por una clasificación de 1989.
Por ejemplo, en el nivel 2.2, la retribución del centro penitenciario de Logroño es 6.814 euros superior al de Pamplona pese a que son cárceles "idénticas".
La homologación entre centros para paliar la situación de 22.000 trabajadores tendría un coste de 160 millones de euros, calcula UGT.
Para paliar las diferencias entre la administración general del Estado y el resto de administraciones sería necesaria una subida lineal de 200 euros mensuales por trabajador, una cuestión que UGT ve necesario abordar.
Otra reivindicación es el desarrollo del estatuto básico del empleado público para recoger una serie de circunstancias específicas que ya están reconocidas en la mayoría de las comunidades autónomas y no en la administración central.
Álvarez ha explicado que se han retomado las negociaciones con el Gobierno de cara a lograr un cuarto convenio único de personal laboral antes de que acabe el año, unas conversaciones que se desarrollan en varios grupos de trabajo.