Asunción, 15 mar (EFE).- El Instituto de la Tierra (Indert) de Paraguay denunció hoy que el Estado "no puede entrar en sus tierras" a causa del "despojo" cometido durante décadas, en la presentación de un informe sobre la región sojera de Ñacunday, epicentro del conflicto entre productores "brasiguayos" y campesinos "sin tierra".
El nuevo interventor del Indert, Emilio Camacho, expuso en una rueda de prensa diversas irregularidades cometidas con la adjudicación de tierras en la década de los setenta, durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
En Ñacunday, región fronteriza con el estado brasileño de Paraná, un 70 por ciento de las tierras está cubierta de cultivos mecanizados de soja y el resto pertenece al Estado, de acuerdo con los datos ofrecidos.
Según Camacho, citado por la agencia estatal IP Paraguay, los lotes entregados están ahora "totalmente unificados", por lo que resulta muy difícil para el Indert identificar límites y propietarios actuales y hasta si los caminos internos son públicos o privados.
"No exagero cuando digo que en las tierras de Ñacunday se juega el destino de la patria. Tenemos un Estado que no puede entrar en sus tierras; esa es la magnitud del despojo que se ha cometido", proclamó.
La tensión en esa región sojera se reprodujo en enero pasado con una nueva amenaza de los campesinos de ocupación de las tierras del latifundista "brasiguayo" Tranquilo Favero, el mayor productor individual de soja de Paraguay, que tiene en este cultivo su principal rubro exportador.
Tras la intervención del Ejecutivo, los "sin tierra" fueron reubicados temporalmente en un parque natural, a la espera de ser asentados en propiedades del Banco Nacional de Fomento.
Pero en estas últimas, se repite "la misma historia que en Ñacunday", según Camacho, que denunció que el Indert ha encontrado cultivos de "otra gente" en las tierras del Banco.
El interventor lamentó la falta de colaboración de la Justicia en esta crisis recurrente en Paraguay, un país donde un tercio de las tierras arables fueron adjudicadas de manera irregular.
Según un informe de 2008 elaborado por la Comisión de la Verdad y la Justicia (CVJ), durante la dictadura de Stroessner casi 6,75 millones de hectáreas fueron adjudicadas irregularmente y otro millón más en los 15 años siguientes de Gobierno "colorado", lo que representa el 64,1 por ciento del total de tierras entregadas a colonos.
Las tierras "mal habidas" según la CVJ, que pidió a los poderes del Estado tramitar su recuperación, representan el 32,7 por ciento de la superficie arable del país y el 19,3 de todo el territorio nacional. EFE