Madrid, 19 oct (.).- La Comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso ha recurrido la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de denegar el informe elaborado por Deloitte y que sirvió de base para la resolución del Banco Popular (MC:POP) y su posterior venta al Banco Santander (MC:SAN) por un euro.
La comisión ha decidido remitir un escrito a la JUR en el que le advierte de la competencia que tiene el Parlamento español para investigar un asunto, el de la resolución del Banco Popular, que es de máxima trascendencia para la sociedad española y le recuerda que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) señala entre sus principios el de la transparencia.
El pasado julio el Congreso de los Diputados pidió a la JUR una copia del informe de valoración elaborado por Deloitte y que fue uno de los documentos que sirvieron de base para la posterior ejecución de la resolución del Banco Popular por parte del FROB.
La JUR denegó el acceso a esta documentación el 13 de septiembre y alegó la confidencialidad de dicho informe y el impacto que pudiera tener su publicación en los mercados financieros.
Después de que la comisión de investigación del Congreso tuviera conocimiento de este escrito el 28 de septiembre, ha decidido recurrir la decisión y ha argumentado que la confidencialidad tenía "pleno sentido hasta la decisión de la resolución", pero que una vez liquidada la entidad, la interpretación debe efectuarse "con el acento puesto en las ideas de transparencia y apertura" y no en la protección de derechos de entidades resueltas o en el de las entidades adquirientes.
Además recuerda que en el reglamento del (MUR) se especifica el carácter temporal del concepto de confidencialidad y advierte de que la Constitución española da competencia legítima para que el Congreso o el Senado puedan crear comisiones de investigación que elaboren conclusiones con proyección hacia el futuro, en este caso "para mejorar el funcionamiento del mercado financiero y bancario".
"Creemos que en la decisión de la JUR no se ha efectuado la necesaria ponderación de intereses y probablemente no se ha valorado de manera suficiente el carácter y naturaleza de la función que la comisión de investigación tiene atribuida", incide el recurso.
También señala que es importante conocer el documento de valoración de Deloitte para poder determinar "si una eventual decisión errónea de la propia Junta estuvo inducida por una valoración inexacta, poco precisa o, en definitiva, desenfocada de ese valorador imparcial".
"La independencia en el criterio no es necesariamente garantía de acierto en el diagnóstico", recuerda la comisión parlamentaria, que también señala la "cascada" de recursos judiciales que se han interpuesto a partir de esa resolución bancaria.
El 27 de septiembre el presidente del FROB, Jaime Ponce, se mostró partidario durante su comparecencia en el Congreso de que se hiciera público el informe secreto que supuso la liquidación del Banco Popular, aunque señaló que el propietario del documento también debe ser quien decida sobre su transparencia.