Madrid, 19 sep (.).- El pleno del Congreso ha aprobado hoy una moción del grupo parlamentario del PSOE para pedir que el Ejecutivo impulse un pacto de rentas que persiga incrementos salariales de entre el 2 % y el 3,5 % hasta 2021, así como la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público.
El pleno del Congreso ha debatido esta iniciativa que ha sido criticada por el PP y Ciudadanos, que han afirmado que los salarios no se pueden subir por Ley.
La iniciativa del PSOE urge a la derogación de la reforma laboral del PP y pide una reforma del Estatuto de los Trabajadores y una nueva Ley de Igualdad Laboral que sea consensuada por los agentes sociales.
Reitera la necesidad de subir gradualmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020.
En este punto, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha mostrado su disposición a que el SMI suba en los términos que recomienda la carta social europea para que pueda situarse en el 60 % del salario medio neto español.
La diputada del PSOE Esther Peña ha instado a acometer una política laboral justa ya que, aunque la economía cerrará este año con mayor volumen que antes de la crisis, ha recordado que hay dos millones de empleos menos.
"Necesitamos un nuevo modelo que ofrezca salarios decentes", ha dicho, mientras el portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, ha dicho que "no se puede subir los salarios por decreto porque se necesita invertir en productividad, en innovación".
"Dejen de engañar a los ciudadanos", ha pedido Roldán al PSOE, al tiempo que se ha mostrado en contra de las 35 horas semanales en el sector público.
La propuesta del PSOE que hoy ha sido aprobada solicita que el sueldo de los empleados públicos aumente en 2018, según la inflación, e incorpore complementos adicionales que permitan a los funcionarios ir recuperando el poder adquisitivo perdido durante la crisis.
El nuevo Estatuto de los Trabajadores que propone el PSOE debería fortalecer la negociación colectiva para que los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de empresa y pide revisar las cláusula de ultraactividad, que actualmente se limita a un año cuando el convenio expira.
También, incide en el principio de causalidad como única justificación en la contratación temporal y en combatir la desregulación del tiempo de trabajo, derogando la ley que regula el trabajo a tiempo parcial.
Un plan de choque para el empleo juvenil y el impulso de políticas de formación son otros de los ejes de esta moción socialista, que aboga por recuperar la dotación presupuestaria en políticas activas, al menos al nivel registrado en 2011.