MADRID (Reuters) - El Gobierno catalán ha cesado al secretario general de Economía, Josep María Jové, detenido esta semana, para evitarle la multa que el Tribunal Constitucional le ha impuesto por desobedecer su suspensión del referéndum de independencia. [nL5N1M24A3]
Ante el "despropósito" de imponer una sanción coercitiva de 12.000 euros diarios al "número dos" de la consejería de economía de Cataluña, la Generalitat decidió apartar de su cargo a Jové, que el viernes quedó en libertad provisional tras comparecer por supuesta prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos.
"La decisión de cesar a Jové la ha tomado el gobierno en conjunto con su abogado. Es la mejor manera que hemos encontrado de proteger a esta persona", dijo el consejero de presidencia, Jordi Turull, en rueda de prensa tras una reunión de urgencia del ejecutivo catalán.
El Constitucional acusó a Jové de ayudar a crear la estructura para el referéndum, aprobando modelos de papeletas y la documentación electoral, la campaña institucional o un manual de instrucciones para los representantes de la Administración y miembros de las mesas electorales.
Jové fue detenido el miércoles junto a otros varios altos cargos y técnicos de la Generalitat en una operación que llevó al registro de varias sedes oficiales. Los seis que permanecían detenidos quedaron en libertad tras comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La multa del Constitucional contra él se suma a la impuesta a una veintena de miembros de la sindicatura electoral catalana y es parte del cerco judicial contra un referéndum que el Ejecutivo catalán insiste en celebrar el 1 de octubre pese a haber sido paralizado por el Constitucional a instancias del Gobierno español.
"Ninguna acción de estas parará nada ante el compromiso del Govern, que es el responsable en su conjunto de llevar a cabo el 1-O", añadió Turull.