MADRID (Reuters) - Los exconsejeros de la Generalitat Jordi Turull y Josep Rull han acatado la aplicación del artículo 155 de la Constitución y han solicitado salir de la cárcel, según sendos recursos presentados por su defensa ante la Audiencia Nacional a los que tuvo acceso Reuters.
Turull y Rull son dos de los ocho exconsejeros catalanes que están en prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre tras comparecer en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación por hechos relacionados con el proceso que desembocó en la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre.
El tribunal dictó además una orden de arresto internacional contra el expresidente regional Carles Puigdemont y otros cuatro "exconsellers" que se encuentran en Bélgica en libertad vigilada a la espera de que un juez decida sobre su extradición.
España afrenta una de las peores crisis institucionales de su historia reciente ante las ambiciones secesionistas del gobierno catalán que desembocó en una declaración de independencia tumbada por los tribunales y en la intervención de la autonomía por parte del Estado, que cesó al gobierno catalán en pleno y convocó comicios regionales para el 21 de diciembre.
Los abogados defensores de ambos exconsejeros solicitaron el lunes su salida de prisión, alegando entre otros motivos, arraigo familiar, inexistencia de riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas, así como ausencia de riesgo de reiteración delictiva.
"Aún discrepando, mi representado ha aceptado la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno español", dijeron los abogados en ambos recursos.
Las defensas dijeron que el tribunal puede adoptar medidas menos gravosas para sus clientes, y citan la decisión del Tribunal Supremo de imponer una fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la mesa de la cámara regional.
Mientras las defensas de Turull y Rull recurren ante la Audiencia, la causa podría acabar en manos del Supremo, ya que el juez Pablo Llarena solicitó la semana pasada un informe sobre la investigación abierta contra el Gobierno catalán y los líderes de ANC y Omnium Cultural.