Madrid, 17 sep (.).- La Federación de Cuerpos Superiores del Estado (Fedeca) ha reclamado una norma específica de la figura del directivo público para desligar su designación de las Legislaturas, con medidas como el establecimiento de mandatos de cinco años, superiores al ciclo político.
Fedeca ha presentado hoy una propuesta abierta de Estatuto del Directivo Público para acabar con el "vacío normativo" que existe desde que se aprobó en 2007 el Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de garantizar la profesionalidad e imparcialidad de los directivos públicos a través de un sistema de designación transparente e independiente.
El presidente de Fedeca, Jordi Solé, ha asegurado en rueda de prensa que esta regeneración necesita un cambio en la cultura política, ya que, según los datos de la OCDE, España es uno de los países donde los nuevos Gobiernos realizan más cambios en los altos niveles de la Administración.
La federación pide una diferenciación clara entre órganos superiores de carácter político -cargos de confianza que incluirían a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y secretarios generales- y órganos directivos -cargos de promoción interna cuyo acceso estaría regulado por ley e incluiría a secretarios generales técnicos o directores generales, entre otros-.
Fedeca propone regular los mandatos de estos cargos directivos a cinco años prorrogables e incluir una evaluación de su rendimiento y trabajo que influya en sus retribuciones y en su permanencia en el puesto.
Además, pide que se determine de forma clara el concepto, funciones y clases de los directivos públicos y que se prevean unos requisitos previos para los funcionarios de nivel máximo (A1), que engloben criterios como la honorabilidad, la formación adecuada y una experiencia probada en la materia.
La propuesta también incluye unificar un código ético, reconocer un régimen retributivo que cumpla las funciones de estimular el rendimiento y la calidad de los candidatos, y establecer un régimen de incompatibilidades tras el desarrollo del cargo.
Se reclama, además, regular las causas objetivas de cese como, por ejemplo, la existencia de una evaluación negativa de su gestión, a petición propia o por la pérdida de la condición para ostentar puestos de carácter directivo, entre otras.
Solé confía en que esta propuesta se introduzca en el debate político y ciudadano para que se traduzca en una ley específica del Estatuto de Directivo Público aunque, según ha lamentado, "hay un problema de voluntad política" para impulsar el proyecto.