Madrid, 22 oct (.).- Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes por el impuesto asociado a las hipotecas en los últimos cuatro años, que es el periodo no prescrito, una cantidad que podrían reclamar si finalmente el Tribunal supremo decide que son los bancos quienes tienen que abonarlo.
En un comunicado, Gestha detalla que las hipotecas firmadas entre octubre de 2014 y julio de 2018 son las que no han prescrito desde el punto de vista fiscal y por tanto aquellas en las que es posible el recurso ante las haciendas autonómicas por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.
Además, otros 13,4 millones de hipotecados -los que firmaron sus contratos entre enero de 2003 y septiembre de 2014- podrían reclamar a los bancos por la vía judicial otros 25.657 millones de euros abonados por este concepto.
El presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, se reunirá hoy con los magistrados que el pasado jueves dictaron la sentencia que establecía que la banca, y no sus clientes, debía hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.
Gestha explica en el comunicado que si finalmente el Supremo mantiene que los bancos paguen este impuesto, las reclamaciones de los últimos cuatro años deben dirigirse a las haciendas autonómicas, ya que se trata de un impuesto cedido.
A partir de ese momento, las haciendas autonómicas realizarán un procedimiento de comprobación tributaria y notificarán una liquidación espejo a la entidad financiera correspondiente, a la que exigirán el mismo importe y los intereses de demora.
En el caso de las hipotecas firmadas hace más de cuatro años, los técnicos han solicitado a los bancos que devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear, lo que constituye un proceso "más farragoso, largo y costoso".