EDIMBURGO (Reuters) - La académica catalana Clara Ponsatí, acusada por España de rebelión por su papel en la campaña de independencia de Cataluña, fue puesta en libertad bajo fianza el miércoles por un tribunal escocés mientras lucha contra la extradición, alegando que es objeto de persecución política.
Ponsatí, exconsejera de educación catalana y actualmente profesora en la Universidad escocesa de St Andrews, es una de las políticas catalanas investigada por los tribunales españoles por organizar un referéndum sobre la independencia en octubre del año pasado que se consideró ilegal según la legislación española y que llevó posteriormente a una declaración unilateral de independencia.
Entre ellos se encuentra el ex jefe del gobierno regional, Carles Puigdemont, detenido en Alemania. En un gesto simbólico de apoyo, el parlamento de Cataluña dijo el miércoles que respaldaba su derecho a dirigir nuevamente la región.
Cuando Ponsatí se entregó en una comisaría de policía escocesa para enfrentarse a cargos que también incluyen el uso indebido de fondos públicos para la votación de independencia, su abogado dijo que Ponsatí creía que no tendría un juicio justo en España.
"Clara sigue desafiante, resuelta y está decidida a defenderse", dijo su abogado Aamer Anwar. "No cree que los tribunales españoles puedan garantizar la independencia, los derechos humanos o la justicia".
SIN GARANTÍA
El abogado leyó un comunicado en el que también agradecía al primer ministro de Escocia, Nicola Sturgeon, que apoyaba la independencia de Escocia del Reino Unido, diciendo que Escocia había sido "un verdadero amigo de Cataluña en sus horas más difíciles".
Posteriormente, Ponsati fue liberada bajo fianza en el Tribunal del Sheriff de Edimburgo mientras una multitud ondeaba "esteladas", la bandera independentista catalana.
"Clara desea que diga que estos cargos tienen una motivación política y una grotesca distorsión de la verdad. No puede creer que sea responsabilizada por la violencia que tuvo lugar el día del referéndum", dijo Anwar fuera del tribunal.
"Ella cree que (...) las únicas personas que deberían ser consideradas responsables de la violencia brutal son la policía española y los 6.000 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que atacaron al pueblo catalán en nombre del Gobierno español".
La próxima audiencia de Ponsati se programó para el 12 de abril. Una página de crowdfunding establecida para pagar sus gastos legales ya ha recaudado 165.000 libras.
El gobierno español niega que esté procesando a los separatistas catalanes por su ideología política y dice que sus acciones violaron la constitución española. Un funcionario del Ministerio de Justicia español no estuvo disponible para comentar los últimos acontecimientos.
La rebelión puede conllevar una pena de hasta 25 años de cárcel.
Tras el referéndum prohibido en octubre y una posterior declaración de independencia por parte del parlamento catalán, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, destituyó el gobierno regional y tomó el control de la Comunidades Autónomas.
La crisis política es una de las más graves de España desde que el país volvió a la democracia en la década de 1970.
Puigdemont, que ha estado viviendo en un exilio autoimpuesto en Bélgica, fue arrestado en Alemania el domingo, lo que desató protestas en las calles de Barcelona. Está detenido en prisión hasta que se celebre una audiencia de extradición en un tribunal alemán.
La policía nacional española dijo el miércoles que dos Mossos, policías regionales catalanes, que viajaban con él también fueron arrestados. Las detenciones forman parte de una investigación sobre un delito de encubrimiento, dijo la policía en Twitter.
A pesar de su detención, el Parlamento catalán controlado por separatistas defendió el miércoles el derecho de Puigdemont a ser candidato nuevamente para encabezar el gobierno regional.
La declaración contó con el apoyo de los partidos separatistas Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y CUP, que juntos obtuvieron una insuficiente mayoría de votos en las elecciones regionales de diciembre.
El Tribunal Constitucional ha dicho que Puigdemont o cualquier otro candidato solo podrían ser candidatos a la presidencia regional si estuvieran físicamente presentes en el parlamento y tuvieran el permiso de un juez para asistir.
"La interferencia del sistema de justicia español ha obligado (a Puigdemont) a renunciar provisionalmente a su candidatura, pero no nos daremos por vencidos", dijo Gemma Geis, miembro del parlamento regional de Junts per Catalunya.