Por Raquel Castillo y Rodrigo De Miguel
MADRID (Reuters) - La Guardia Civil registró el miércoles seis sedes del Gobierno de Cataluña dentro de una operación judicial en relación con el referéndum de independencia del 1 de octubre en la que también se detuvo a varios altos cargos del gobierno regional, según su presidente, Carles Puigdemont.
En un nuevo golpe a la consulta que el Gobierno catalán insiste en celebrar pese a estar paralizada por la Justicia, los agentes accedieron a las consejerías catalanas de Economía, Gobernación, Exteriores y Bienestar y Familia, además de a la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y a la de Hacienda.
"La causa está abierta por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación y son una veintena las personas que tienen la condición de investigadas", dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en una nota de prensa en la que no identificó a los investigados.
Las autoridades regionales dijeron que estaba el secretario de Economía del gobierno autonómico, Josep María Jové, a cuya consejería acudieron decenas de personas para mostrar su rechazo a las acciones judiciales.
El TSJCat dijo que en total había ordenado 41 registros, entre ellos en tres empresas en Barcelona, así como otros en despachos profesionales no oficiales y domicilios particulares.
En los registros, la Guardia Civil se incautó de 9,9 millones de papeletas de votación, carteles con la leyenda de "local electoral" y actas con listas de votantes con la inscripción "referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017".
El tribunal dijo que los registros en las sedes del gobierno regional se limitaron a los despachos de personas que tienen condición de investigadas, en una causa sobre la que pesa el secreto declarado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
ESTADO DE EXCEPCIÓN
El Ministerio del Interior español dijo que se trata de un dispositivo para recopilar pruebas después de que en los últimos días la Guardia Civil requisara documentación censal para la consulta y se incautara de más de un millón de carteles y propaganda a favor del "sí".
"Es una operación judicial que se hace para garantizar que se cumple la ley", dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se opone firmemente a consultar a los catalanes sobre su relación con España.
Pese a los registros, el presidente de la Generalitat mantuvo la convocatoria del referéndum y denunció el establecimiento de facto de un "estado de excepción" y de la suspensión del autogobierno en la región.
El choque institucional, que ha llevado a la intervención de las cuentas de la región, ha cobrado fuerza en los últimos días, con numerosas iniciativas judiciales y policiales tendentes a paralizar un proceso que enfrenta también a la sociedad catalana.
Apelando a la serenidad y la calma, el secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, pidió a las autoridades españolas y catalanas que detuvieron "la escalada que lleva al desastre" y se sentaran a dialogar de forma inmediata.
PROTESTA EN BARCELONA
En Barcelona, cientos de personas se concentraban ante la Consejería de Economía de la Generalitat, donde dos guardias civiles bloqueaban la entrada principal, en protesta por la operación policial, portando banderas independentistas y con gritos como "No pasarán" y "Votaremos", dijo un fotógrafo de Reuters en el lugar.
"Aunque no haya referéndum, Cataluña se está separando de España. España es algo y nosotros somos otra cosa", dijo Maga Trujillo, informática de 62 años, en la protesta.
Al enterarse de los registros a través de su teléfono móvil, Xavier Rusiñol, estudiante de 18 años, dejó la universidad y acudió a una convocatoria alentada por los grupos civiles proindependencia a través de las redes sociales.
"Lo que hay hacer ahora es, mediante la paz, garantizar que sigamos progresando hasta la independencia", dijo.
Madrid, donde la semana pasada se prohibió un acto proconsulta, acogerá por la tarde una marcha en apoyo al referéndum bajo el lema "Madrid Derecho a Decidir".