Madrid, 22 abr (.).- Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 afrontan esta semana su primer examen con el debate de enmiendas a la totalidad y con un PNV que ha allanado el camino al no pedir la devolución de las cuentas y que parece estar así más próximo al acuerdo.
El Pleno del Congreso debatirá los próximos miércoles y jueves, las enmiendas a la totalidad que han registrado seis formaciones políticas (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu) y que serán votadas en bloque y apoyadas por Nueva Canarias, con lo que sumarán 175 votos a favor.
El Gobierno, por su parte, cuenta con el apoyo del PP, Cs, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias para rechazar estas iniciativas, aunque necesita irremediablemente que el PNV se sume a estos apoyos para obtener 175 diputados y que las enmiendas decaigan en una tercera votación por empate.
Sin embargo, la tensión se mantendrá hasta el último momento ya que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avisado de que no decidirán el sentido de su voto en este debate hasta el miércoles o incluso el mismo jueves.
Lo cierto es que el PNV ha allanado el camino para que las cuentas puedan seguir su tramitación con las posteriores enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos y hasta el PDeCAT ha señalado que "comprende" la posición del partido nacionalista vasco porque el debate de esta semana no supone la aprobación definitiva de las cuentas.
De hecho el portavoz económico del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, ha señalado que no es "incoherente" el planteamiento del PNV porque quedan "unas semanas" para poder levantar el artículo 155 de Cataluña, tal como exige el PNV para dar su apoyo, puesto que el plazo límite para formar Gobierno en Cataluña es el 22 de mayo.
Esta fecha coincidirá con la semana (del 21 al 24 de mayo) prevista para la aprobación del dictamen de Presupuestos en el Congreso y para su posterior tramitación en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
El PNV, de hecho, ha señalado que está elaborando las enmiendas parciales a las cuentas, cuyo plazo finaliza el próximo viernes 27 de abril.
Estas cuentas, que parten de un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3 % superior al de 2017, y una previsión de ingresos tributarios de 210.015 millones, un 6 % más, también han sufrido un sobresalto de 48 horas cuando Foro Asturias las puso en jaque con el anuncio de una enmienda a la totalidad.
Finalmente, en menos de dos días el Gobierno y la formación asturiana firmaron un acuerdo para ser apoyadas.
A ello se suma la advertencia de UPN que también ha dado de plazo hasta el 27 de abril para negociar los Presupuestos con el Gobierno, que de momento considera que son "una concesión al nacionalismo a costa de los navarros".
Las seis enmiendas a la totalidad que serán debatidas la próxima semana critican mayoritariamente que los Presupuestos no sean realistas, tanto en su previsión de ingresos como de gastos.
El PSOE afirma que son "profundamente antisociales" y que carecen de medidas para avanzar hacia la transformación del modelo productivo. Plantea un presupuesto alternativo que supone un aumento del gasto de 8.000 millones de euros, siempre que se consigan ahorrar 2.500 millones en gasto público.
Unidos Podemos las rechaza porque "consolidan" los recortes y aboga por aumentar el gasto público en 20.000 millones más, al tiempo que pide una Renta Garantizada y avanzar hacia una jornada laboral de 35 horas.
ERC pide su devolución porque "minimizan" la inversión en Cataluña, buscan la recentralización del Estado y consolidan las desigualdades sociales, motivos que también alude el PDeCAT, que además incide en que incumplirán la estimación de ingresos tributarios y los objetivos de déficit público del Estado y de la Seguridad Social.
La enmienda de Compromís argumenta que no servirán para crear empleo estable ni corregirán la desigualdad y lamenta que no aborden la financiación autonómica y no cumplan con el pacto de Estado contra la violencia de género.
EH Bildu alude que los Presupuestos son "incompatibles" con las peticiones de los pensionistas y "apuntalan" la "deriva autoritaria" del Gobierno con la implantación del artículo 155 en Cataluña.