Por Carlos Ruano y Sonya Dowsett
MADRID/BARCELONA (Reuters) - El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reunirá a su consejo de ministros en sesión extraordinaria el sábado para iniciar los trámites que llevarían a una intervención de la autonomía catalana prevista en la Constitución.
Con la invocación de una medida nunca usada, el Ejecutivo central dijo que pretende "recuperar la convivencia pacífica y frenar el deterioro económico" en una región cuyas autoridades insisten en seguir por la senda independentista tras el referéndum del 1 de octubre.
"El Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña", dijo el Ejecutivo central en un comunicado.
El anuncio se produjo minutos después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, amenazase con votar en el Parlament la declaración formal de secesión, respondiendo implícitamente al requerimiento de Rajoy de que aclarase si la semana pasada lo había hecho.
"Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar con la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el 10 de octubre", dijo Carles Puigdemont en una carta a Rajoy a diez minutos de cumplirse el plazo dado por Madrid.
El presidente catalán anunció de forma confusa la semana pasada que iba a aplicar medidas para declarar la independencia aunque segundos después las suspendió para abrir un diálogo.
El Gobierno central le reclamó entonces que aclarase por escrito si se había declarado la independencia o no, emplazándole a retractarse en caso de respuesta positiva y bajo la amenaza de medidas extraordinarias si no respondía o no daba marcha atrás.
"Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no es consciente del problema y que no se quiere hablar", dijo Puigdemont, adelantándose a la respuesta del Gobierno.
En el Parlamento catalán, los anticapitalistas de la CUP, que podrían hacer caer al Gobierno regional si retiran su apoyo, siguieron presionando a la coalición JxS para hacer efectiva la independencia en un pleno en los próximos días.
"Nuestra posición es que tiene que ser lo más pronto posible (..) un escenario de dialogo con el Estado español es imposible", dijo a Reuters Carles Riera, diputado de la CUP, que no dudó de que la ciudadanía saldrá a la calle a defender sus instituciones en caso de que se invoque el 155.
¿DUI Y ELECCIONES?
Teniendo en cuenta que la aplicación de ese artículo puede tomar varios días, una de las hipótesis sería que el Parlament declarase la independencia y acto seguido se convocaran elecciones "constituyentes", adelantándose así a las medidas de Rajoy.
El Gobierno catalán buscaría así repetir la jugada de 2015, cuando celebró unos comicios regionales que defendió como "plebiscitarios" pese a que el Ejecutivo central y la oposición en bloque rechazaron este carácter.
El conflicto podría entrar entonces en una nueva fase de confusión ya que la convocatoria de elecciones anticipadas es una de las demandas del Gobierno central para no aplicar las medidas extraordinarias, aunque el supuesto carácter constituyente de la llamada a las urnas complicaría el debate.
"Desde el momento en que se conozcan las medidas, el Gobierno regional sabe lo que va a ocurrir y tiene un período de tiempo para actuar hasta que entre en vigor el 155", dijo una fuente gubernamental que apuntó a que Puigdemont tendría aproximadamente una semana para decidir qué hacer.
Pese a que las autoridades catalanas han tratado de implicar a la Unión Europea en la crisis, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, volvió a insistir el jueves en que se trataba de un asunto interno y pidió a Puigdemont que no declarara la independencia de forma unilateral.
El Gobierno en minoría del Partido Popular cuenta en este conflicto con el apoyo del principal partido de la oposición, el PSOE, y de la cuarta fuerza en el Congreso, Ciudadanos. Juntos suman 254 diputados, más del 70 por ciento de la Cámara Baja.
El PSOE pidió el jueves que las medidas, que deberán ser refrendadas en un Senado en el que el PP tiene mayoría absoluta, tengan una duración "limitada y breve".
INCERTIDUMBRE ECONÓMICA
Los acontecimientos suponen una nueva vuelta de tuerca a una batalla institucional y dialéctica que se libra no solo en el ámbito político, sino también en los tribunales, los medios y la calle, y que está ya teniendo efectos económicos.
La bolsa, que ha sufrido en las últimas semanas los efectos de la incertidumbre asociada al proceso, reaccionó con caídas al nuevo desencuentro.
El Gobierno tuvo que revisar esta semana tres décimas a la baja su previsión de crecimiento económico para 2018 mientras que la autoridad fiscal independiente dijo que un efecto prolongado del problema podría restar hasta 1,2 puntos - más de 12.000 millones de euros- al PIB de 2018.
Entretanto, los temores relacionados con una hipotética inseguridad jurídica han llevado a 800 empresas - incluyendo algunas de las más emblemáticas de la región - a trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña.
"Lo que hemos visto de cambio del domicilio social de 800 empresas es solamente un aperitivo de lo que podría ocurrir si la independencia se llegara a concretar, cosa que este Gobierno no va a dejar", dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, el jueves en el Congreso.