Barcelona, 13 jun (.).- Los acreedores internacionales de Celsa han reiterado hoy que "los intereses económicos de la familia Rubiralta son el único impedimento" para desbloquear los 550 millones en ayudas que ofrece la SEPI para garantizar la viabilidad de la empresa.
Los tenedores del 90 % de la deuda 'jumbo' y convertible de la compañía, que conforman el comité de acreedores y actúan de manera coordinada en las negociaciones, aseguran que están dispuestos a acceder a la petición de la familia Rubiralta de retener el control de la siderúrgica tras el rescate.
La única diferencia entre las posiciones de la compañía y los acreedores, subrayan, es el reparto de cualquier valor existente una vez que la financiación de la SEPI y la deuda reestructurada sean reembolsadas.
Tanto la compañía como los acreedores han planteado un reparto de ese valor y se han movido de sus posiciones iniciales, pero los fondos continúan considerando que la propuesta de la empresa "es injusta, desproporcionada y totalmente incoherente con todos los principios generalmente establecidos en las finanzas corporativas".
La empresa propuso inicialmente que, después de que los prestamistas condonen 1.200 millones de euros de deuda, la familia Rubiralta mantenga el 100 % del control de la empresa y capte el 100 % del valor por encima de la deuda reestructurada.
Pese a estas diferencias, los fondos aseguran que su prioridad sigue siendo lograr un acuerdo que permita a Celsa recibir ayudas de la SEPI.
Los acreedores reiteran asimismo que su compromiso se extiende con el mantenimiento del órgano de gobierno y de gestión de la compañía en España, así como de todos los centros de producción ubicados en el país.
"Los fondos no han contemplado ni tienen previsto contemplar en ningún caso exigir la posibilidad de la más mínima deslocalización", aseguran en la nota, en la que afirman también que están "comprometidos con el empleo y las condiciones laborales en todos los centros productivos".
Por ello, añaden los fondos, "buscan activamente, de forma conjunta, un acuerdo justo que reduzca la deuda de Celsa y ponga a la empresa en una base financiera firme para que pueda prosperar y crecer en los próximos años en beneficio de todas las partes interesadas".
Los Rubiralta y los acreedores tienen de plazo hasta el 30 de junio para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la ayuda de la SEPI.
Tanto los sindicatos como la Generalitat han salido en los últimos días en defensa de la siderúrgica catalana y de su continuidad industrial y han emplazado a los fondos acreedores a facilitar el acuerdo para garantizar la viabilidad del grupo.