Bruselas, 26 sep (.).- Los auditores de la Unión Europea han destacado en un informe publicado este lunes el "alto" nivel de los controles de productos pesqueros que se hacen en España para combatir las capturas ilegales.
Mientras, los países del bloque aplican de manera "desigual" las normas y por eso no son "tan eficaces como debieran", han advertido.
El estudio del Tribunal de Cuentas de la UE sobre la lucha del bloque contra la pesca ilegal se centra en visitas a cuatro países (España, Dinamarca, Francia y Suecia) y concluye que los Estados miembros aplican los controles y las sanciones previstas en las normas comunitarias de manera muy distintas, reduciendo su eficacia.
De los cuatro, España es el único que obtiene la máxima calificación en las dos categorías analizadas por los auditores, que son el nivel de sofisticación de los sistemas informáticos y el alcance y calidad de los controles.
Con respecto a la primera, el informe subraya la existencia en España de una plataforma web específica para que los importadores introduzcan datos y adjunten documentos escaneados, que se realizan comprobaciones automatizadas y análisis de riesgos utilizando "múltiples parámetros", y la integración de los sistemas aduaneros y de gestión y control de la pesca ilegal.
En relación a la segunda, los auditores destacan el "control básico sistemático" de todos los certificados de captura recibidos, la comprobación sistemática de la integridad y coherencia de los documentos o los certificados de captura con errores enviados para ser objeto de controles exhaustivos de segundo nivel por parte de una unidad especializada en investigación de pesca ilegal.
También resaltan que en España se cursan "solicitudes frecuentes" a los importadores y el Estado de abanderamiento, existe la posibilidad de realizar inspecciones físicas, así como la cooperación con las autoridades aduaneras.
No obstante, dada la falta de armonización en la aplicación de los controles y las sanciones europeas, el Tribunal de Cuentas de la UE concluye en el estudio que la eficiencia de las mismas se ve mermada.
En concreto, apunta a que el régimen de certificación puesto en marcha por la UE en 2008 se basa en documentos impresos, lo cual "eleva el riesgo de base". En este sentido, los auditores remarcan que usar "una única base de datos" en toda la UE "sería más eficaz".
La Comisión Europea desarrolló un sistema informático a escala europea para detectar el fraude y automatizar los controles, pero los auditores critican que "ningún Estado miembro lo utiliza".
Con respecto a las infracciones más comunes, los auditores citan el registro incorrecto de capturas, la pesca en zonas de veda o sin asignación de cuotas y la utilización de artes ilegales. También indican que "existen numerosas pruebas de que la aplicación de la obligación de desembarque plantea dificultades".
Otro problema subrayado por el Tribunal de Cuentas de la UE es la "ausencia de condiciones de competencia equitativas" en cuanto a la imposición de sanciones por infracciones graves, a pesar de que en la mayoría de los casos dieron lugar a investigaciones o procesos judiciales que desembocaron en multas.
Así, los auditores observaron que las sanciones medias impuestas por una infracción similar oscilan entre los 200 euros de Chipre, Lituania y Estonia y los más de 7.000 euros que se imponen en España.
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