Javier Martín
Túnez, 14 may (.).- El riesgo de exposición de los bancos tunecinos a la deuda soberana, que se ha duplicado en la última década, junto al crecimiento incontrolado de esa deuda y el déficit presupuestario, han multiplicado la presión sobre la economía tunecina, golpeada por una severa crisis similar a la que padecía al final de la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali, derrocado en 2011.
Expertos locales advierten de que la actual negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se perfila como la única tabla de salvación, pero que al contrario de lo ocurrido en 2017, en esta ocasión de deben acometer las profundas reformas estructurales que se exigen, y que se han pospuesto por la presión de los sindicatos y el temor a una revuelta social.
"Sin una reforma sólida y creíble la deuda pública será insostenible, entre un 100 % y un 120 % frente al 35 % en 2010. Túnez necesitará 7.200 millones de dólares en 2021 para compensar el déficit, de los que cerca de 5.000 millones son créditos extranjeros. Solo en 2019 el déficit presupuestario se triplicó", advierte el economista Mohamad Rebaï.
En un análisis publicado en el diario digital Kapitalis, el experto augura que esta presión financiera alcanzará su cénit en 2025, y que la amortización de esa ciclópea deuda será el peso que aplastará a la próxima generación.
"Antes se podían acometer programas de desarrollo. Ahora, solo pagar los créditos solicitados y los salarios. No podremos salir del círculo infernal en el que estamos. Túnez es un pequeño país que se daña a sí mismo. Sus recursos están siendo expoliados por una banda de piratas religiosos, buItres, cangrejos y grandes escualos a los que nada preocupa", denuncia.
FRAGILIDAD BANCARIA
Esta negativa fotografía la ennegrece la endeblez del sector bancario, que según advirtió esta semana la agencia estadounidense Standars&Poors en diez años ha duplicado el riesgo de impago.
Según un informe publicado el martes, "el coste del impago de la deuda soberana tunecina en el sector bancario es de un máximo de 7.900 millones de dólares", cifra que representa "en torno a un 102 % de todos los fondos propios del sistema bancario, y el 17,3 % del PIB previsto para 2021".
La agencia advirtió sobre la situación de tres de los principales bancos -Arab Tunisian Bank, BH Tunisian Bank y Banque de Tunisie et Emirats- a los que bajó la calificación a CCC+, y que tienen un fuerte impacto en una economía frágil que el pasado año se contrajo un 8,8 % debido a la pandemia de la covid pero también a sus lastres estructurales y a la inestabilidad política.
En los diez años que han pasado desde la revolución, el país ha tenido una decena de gobiernos distintos que han promovido una serie de cambios políticos exitosos, pero que han fracasado a la hora de atender a las otras dos grandes reivindicaciones libertarias: los derechos y la justicia social.
Una década después de la "Primavera Árabe", Túnez adolece de los mismos problemas económicos que la impulsó: alto índice de desempleo -en torno al 40 %-, déficit descontrolado, obstáculos a la inversión, escasez de tejido industrial e infraestructuras, enorme gasto público, una administración pública desmedida e ineficiente y una ineficaz e injusta política impositiva.
A ello se suma una corrupción endémica en la Administración del Estado, principalmente focalizada en las empresas públicas y centros estratégicos como el puerto de la capital.
NEGOCIACIONES CON EL FMI
En este contexto, Túnez emprendió el mes pasado una nueva negociación con el FMI, que ya le prestó alrededor de 2.500 millones de euros en 2017 en un proyecto que fracaso por la reticencia del Gobierno a aplicar la austeridad y los recortes exigidos por miedo a una revuelta.
Las relaciones entre el país norteafricano y la organismo internacional se deterioraron entonces hasta el punto de que el FMI congeló la entrega de la última remesa, en torno a 300 millones.
Según los detalles que se conocen, el nuevo crédito estará condicionado otra vez a que Túnez suprima los monopolios, erradique la corrupción y reduzca la masa salarial.
Según cifras oficiales, el salario de los empleados públicos absorbe el 60 % del presupuesto nacional, con miles de trabajadores que cobran del estado sin acudir a su puesto de trabajo en un país que solo ofrece como alternativas el sector servicios -hundido por la caída del turismo, que supone un 14 % del PIB-, o la economía sumergida.
Ambos han sido los más perjudicados por la covid-19, que ha golpeado con fuerza al país hasta saturar su frágil sistema sanitario.
"Si no nos arremangamos y emprendemos con decisión un programa de reformas propio o como recomienda el FMI, Túnez entrará en un caos total en 2025", vaticina Rebaï.