Bruselas, 9 dic (.).- La Comisión Europea presentó este jueves un plan de acción que busca mejorar el acceso a la financiación para las empresas de la economía social, así como adaptar las reglas fiscales o de ayudas de estado para facilitar que estas organizaciones puedan crecer y crear empleo.
Mutuas, cooperativas, fundaciones, asociaciones o empresas sociales constituyen la llamada economía social, que se caracteriza por priorizar objetivos sociales o ambientales y reinvertir el beneficio que obtienen en seguir proporcionando sus servicios.
En la Unión Europea hay 2,8 millones de estas organizaciones que representan de media un 6,3 % del empleo, generando 13 millones de puestos de trabajo remunerados. En España hay 9.580 de estas entidades que suponen un 7,7 % del empleo total, según datos de la Comisión.
Sin embargo, Bruselas cree que "su potencial económico y social no se está utilizando plenamente" y subraya que tienen dificultades para crecer y desarrollarse, "con frecuencia porque no son ampliamente reconocidos o comprendidos y no hay los adecuados mecanismos de apoyo", según explicó el vicepresidente comunitario Valdis Dombrovskis al presentar la iniciativa en una rueda de prensa.
Para paliar estas lagunas, la Comisión plantea en primer lugar facilitar el acceso a la financiación europea para estas entidades, creando en 2023 un "Portal de Economía Social de la UE" con toda la información para acceder a estos fondos y apoyo técnico para solicitarlos.
Además, ya en 2022, Bruselas creará nuevos instrumentos financieros para apoyar a estas entidades a través de InvestEU, el programa de inversiones europeo, que junto con los Fondos Sociales Europeos, el programa de innovación Horizonte, el Erasmus+ o incluso el fondo de recuperación pospandemia pueden canalizar fondos para la economía social.
Entre 2014 y 2020, la UE destinó 2.500 millones de euros de su presupuesto a este fin y espera superar esta suma en el periodo 2021-2027.
Por otra parte, la Comisión considera primordial mejorar el clima empresarial para estas entidades, por lo que instará a los Estados miembros a que ajusten sus marcos legales.
"Pensamos en cosas como ayudas de estado, licitaciones públicas y tributación, por ejemplo, que tienen que ser adaptados o revisados para impulsar a la economía social y empresas sociales", dijo el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, en una rueda de prensa.
Bruselas quiere que el Consejo (los países de la UE) adopten una recomendación en este sentido en 2023 y dará directrices en materia de fiscalidad, aunque no precisa de momento qué cambios concretos le gustaría ver en estas legislaciones.
Apuesta además por replicar en los Estados europeos iniciativas que hayan tenido éxito en otros socios, para lo que creará en 2020 un Centro Europeo de Competencias para la Innovación Social.
Por último, el Ejecutivo comunitario quiere mejorar la visibilidad del sector llevando a cabo acciones de comunicación y un estudio del mismo.
En España hay varios ejemplos de este tipo de iniciativas que han recibido financiación comunitaria, como Impact Hub Madrid, que ofrece espacios comunes de trabajo para emprendedores, la empresa de moda sostenible Ecoalf, la de biocombustibles Biofor, o la compañía de cosmética sostenible y local Reina Margarita, entre otros.
"La economía social trabaja con y las comunidades locales", destacó el comisario Schmit, subrayando que esto les da un "enorme potencial" para crear empleo o atraer servicios, por ejemplo, a zonas rurales.
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